Madrid, 25 nov (EFE).- El juez del caso Koldo interroga este lunes a tres socios del comisionista Víctor de Aldama vinculados a la trama de las mascarillas y de los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares, así como a los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa.
Los tres -Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno- comparecen como imputados tras la declaración el pasado jueves de De Aldama, si bien el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les citó antes de que éste pidiera comparecer en el caso Koldo.
Cabe pensar por ello que la confesión del que supuestamente era su socio en los negocios de esta trama influirá de algún modo en la declaración que ahora puedan prestar ante el juez.
Además de a estos tres investigados, el magistrado tiene previsto tomar declaración el martes a otros dos socios de De Aldama: Javier Serrano y María Piedad Losada, quien habría hecho labores de secretaria para el comisionista.
Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado "los cuatro mosqueteros", en el que figuraban Díaz Tapia, Serrano y Moreno con De Aldama. Estos habrían también colaborado con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos.
Las conversaciones en ese chat dejan además constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que De Aldama corroboró en su declaración.
En sus informes, la UCO de la Guardia Civil sostiene que De Aldama "mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (Díaz Tapia, Serrano, César)", y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de De Aldama 2.000 euros de manera mensual.
Sobre este pago recurrente, De Aldama, al que la UCO define como el "nexo corruptor" de la trama, desmintió ante el juez Ismael Moreno que se tratase de un pago por sus servicios, sino por teléfonos encriptados necesarios para su colaboración con la Guardia Civil.
La UCO sostiene también que De Aldama y sus socios, además de con las mascarillas, se lucraron con los test de Covid aprovechando "la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada" con altas instancias del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Utilizaron para ello la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab.
Respecto a los test PCR, la UCO incluía una conversación entre la que fuera presidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Koldo García en la que éste se despedía con un "vale cariño, te mantengo informada" cuando le propuso que contratara las pruebas del Covid en aeropuertos de Baleares.
En otra de las conversaciones sobre las PCR, Koldo le decía a De Aldama que el entonces presidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le había mostrado interés, a lo que De Aldama le replicó: "es muy importante, nos debe una grandísima".
Koldo siguió insistiendo a Torres hasta que Díaz Tapia, en nombre del propio Koldo, remitió información sobre el proyecto de control del Covid en pasajeros. La Guardia Civil ha detectado tres contratos por un total de 5,3 millones de euros. EFE
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