La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) aprobó este lunes, por mayoría de los consejeros de su Pleno, el informe sobre las contrataciones realizadas por el Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid-19 y que fue descartado hace dos años por los auditores de entonces --el Gobierno de Canarias estaba gestionado por PSOE, NC-BC, Sí Podemos y ASG--.
En un comunicado la Audiencia detalla que la fiscalización ha consistido en analizar la documentación contractual de esta tramitación excepcional de emergencia, comprobar los expedientes de modificaciones presupuestarias realizados, verificar que se han tramitado de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, examen de los libramientos de fondos a justificar para realizar las actuaciones declaradas de emergencia y documentación relativa a los abonos a cuenta efectuados.
Igualmente el estudio trata de comprobar que las prestaciones realizadas se ajustaron a lo dispuesto en la normativa de contratación pública y que se llevaron a cabo con la celeridad e inmediatez requeridas por las situaciones de emergencia invocadas, así como comprobar la existencia de un plan de contingencias aprobado por el Gobierno de Canarias para hacer frente a situaciones excepcionales.
Este informe se elevará ahora al Parlamento de Canarias y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a los responsables de los entes fiscalizados.
El documento, que ahora vuelve a estar validado, alertaba de la falta de solvencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada a Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes y que fue detenido por el cobro de comisiones por la venta de material sanitario.
La Audiencia puso la lupa en dos contratos por valor de 9,7 millones para adquirir más de dos millones de mascarillas y afeó al Gobierno que se contratara con una empresa que no tenía solvencia reconocida y que se superaban los umbrales económicos previstos en la situación de emergencia.
Así, asume las difíciles condiciones de trabajo que había en el Servicio Canario de Salud (SCS) pero no entiende que se formalizaran contratos con empresas no relacionadas con el ámbito sanitario.
Entre ellas, por ejemplo, RR7 United, la empresa que presuntamente estafó a la comunidad autónoma con la venta de un millón de mascarillas a cambio de cuatro millones de euros y que nunca llegaron a ser recibidas porque eran defectuosas.
La Audiencia resume que muchas de las actuaciones realizadas durante la pandemia carecía de "rigor" y no salvaguardaron los intereses del sector público dado que mucho material sanitario era inservible o cumplíoa la finalidad por la que fueron contratados.
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