Interior sostiene que derogar la Ley Mordaza es compromiso del Gobierno y promete una norma "moderna y constitucional"

El Ministerio del Interior ha señalado este jueves que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, la conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', es un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que forma parte del Plan de Acción por la Democracia. Además, se ha limitado a prometer que la nueva norma será "moderna y alineada inequívocamente con los valores constitucionales". Desde el Ministerio del Interior han evitado a entrar a valorar las críticas de sectores policiales y de grupos de la oposición por al acuerdo con EH Bildu, sobre todo por el punto que promete "terminar con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos". También rebaja las multas por desobediencia a la autoridad y acuerda que las devoluciones en caliente se regulen en la Ley de Extranjería. "La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana es un compromiso del Gobierno desde junio de 2018 y forma parte del Plan de Acción por la Democracia que ha puesto en marcha el Gobierno de España", han señalado desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Según Interior, "el objetivo es contar con una ley moderna, alineada inequívocamente con los valores constitucionales". En este sentido, se han remitido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para remarcar que "ahora es el momento de hablar con todos los grupos para impulsar la tramitación parlamentaria, si existe consenso para hacerlo". NEGOCIACIÓN TRAS LA FALLIDA DEROGACIÓN El de las pelotas de goma fue el punto clave que impidió el acuerdo para reformar la 'ley mordaza' que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó a la contestación de sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil, que salieron a la calle al desconfiar de una modificación legislativa negociada con Bildu y ERC. Bildu y ERC exigieron la eliminación de las pelotas de goma, emulando el acuerdo del Parlamento de Cataluña que restringe este material antidisturbio para los Mossos d'Esquadra, no así en el caso de la Policía y la Guardia Civil en sus dispositivos, incluidos los desarrollados en esta comunidad autónoma. "Se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos", dice textualmente el acuerdo de Bildu con el PSOE y Sumar, que incluye también una disposición adicional que menciona el compromiso de las autoridades de "desarrollar protocolos específicos" sobre el uso de la fuerza para evitar "lesiones irreparables". CRÍTICAS DE SINDICATOS Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han denunciado el acuerdo alcanzado con Bildu. Entienden que "pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad", además de calificar de preocupante que sean los "herederos de ETA los que fijen las líneas de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana y orden público". Las organizaciones policiales han recordado que la restricción en el uso de material antidisturbio "ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo", por lo que incidir en esta cuestión supone "un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden". Con respecto a las devoluciones en la frontera, que el acuerdo incluye que se aborde en la Ley de Extranjería, los sindicatos han indicado que España "ya está sometida a diferentes marcos legales tanto nacionales como internacionales que contemplan estos supuestos y los adaptan a la norma implantada para todo el espacio Schengen y los firmantes del último texto normativo en materia de inmigración de la Unión Europea". De esta forma, se refieren al cambio de criterio en febrero de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló las llamadas devoluciones en caliente en la frontera española, anulando su condena a España de 2017 por estas prácticas. El Tribunal europeo consideró que los migrantes denunciantes "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla", así como que no utilizaron los procedimientos oficiales de entrada, por lo que el rechazo fue "consecuencia de su propia conducta".