Ferrol, 11 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Ferrol, gobernado por el PP, redactará desde este jueves "exclusivamente en lengua española" los documentos que conformen los expedientes para sus licitaciones, una decisión que ha justificado en aras de una mayor "agilidad administrativa".
En una instrucción firmada por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, el consistorio enmarca esta iniciativa en un plan para la "simplificación y agilidad administrativa" en sus procesos de contratación y subraya que el gallego no es "lengua oficial de la Unión Europea".
"La situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Ferrol en lo que a determinados aspectos de la tramitación administrativa se refiere obliga a tomar una serie de medidas para su corrección", argumenta el ejecutivo municipal de la ciudad ferrolana, única de las siete grandes urbes de Galicia gobernada, con mayoría absoluta, por el PP.
El consistorio ferrolano afirma en el documento que la legislación gallega insta a "promover el uso del gallego escrito en las relaciones con la ciudadanía, si bien añadiendo que este principio de actuación" tendrá que ejercitarse "sin perjuicio del derecho de no discriminación por razones de la lengua".
De este modo, ha enmarcado su propuesta en el objetivo de lograr "una correcta difusión de las actividades contractuales que, en referencia a la lengua utilizada, no provoquen limitación alguna y se conjugue con la necesidad de conseguir la máxima agilidad administrativa".
Asimismo, argumenta que la ordenanza local de Normalización Lingüística "recoge que para los documentos dirigidos directamente a los organismos centrales de ámbito estatal o supraestatal el Ayuntamiento se atendrá a lo previsto en las disposiciones vigentes".
"Estas primeras medidas comportan acciones tanto de modificación de determinados trámites hasta ahora seguidos en esta Administración como de adaptación al nuevo régimen organizativo municipal en vigor desde finales del año pasado", apostilla el gobierno local ferrolano.
Finalmente, incide en que esto supondrá "una reducción de carácter inmediato de determinados trámites innecesarios desde el punto de vista administrativo" y que la pretensión es "garantizar la debida agilidad administrativa para avanzar en la senda de la reorganización tanto desde el punto de vista procedimental como material y humano". EFE
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