Madrid, 24 oct (EFE).- La jueza de Madrid que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en 13 comandancias de la Guardia Civil ha ordenado aplazar "las posibles obras que pueda estar previsto realizar" en los acuartelamientos de Tarifa (Cádiz), Tarazona de la Mancha (Albacete) y Jacarilla (Alicante) con fondos europeos.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha dictado una providencia, adelantada por Vozpopuli y a la que ha tenido acceso EFE, en la que insta a Asuntos Internos a comunicar a los responsables de dichos acuartelamientos "la necesidad" de que se aplacen esas obras para la mejora de eficiencia energética hasta que se emita el informe pericial pendiente en la causa.
Con dicho peritaje, clave en la investigación, se trata de dilucidar si las obras acometidas fueron acordes con las facturas.
En la misma providencia, la magistrada informa a la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas de la identidad de los peritos que deben realizar ese peritaje, relativo a las distintas comandancias, para que disponga lo necesario para que lo finalicen "a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de cuatro meses".
La magistrada investiga en esta causa a cuatro personas: el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, exjefe de la Comandancia de Ávila; el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil; el empresario Ángel Ramón Tejera de León -conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador- y el empresario Salvador Gutiérrez.
Se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas al empresario Tejera de León, que está citado a declarar el próximo 15 de noviembre, por un valor un valor total de 3,3 millones, entre 2008 y 2019.
La magistrada ha abierto recientemente una pieza separada "de averiguación patrimonial" respecto a este empresario y al teniente general Vázquez Jarava.
Hace un mes, el teniente coronel Rodríguez compareció ante la magistrada para defender su inocencia y explicó que no vio ni cometió ninguna irregularidad y que era un subordinado suyo quien tenía que supervisar la ejecución de las obras que se contrataban.
Recientemente, según informan a EFE fuentes jurídicas, las defensas han solicitado el archivo de la causa, como recoge la ley del tribunal del jurado.EFE
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