
El mercado del aceite de oliva comienza a dar señales de recuperación. Apenas una semana después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la retirada obligatoria del 12% de la producción, las cotizaciones en origen han cambiado de tendencia y registran sus primeras subidas tras meses de descensos. Cooperativas Agro-alimentarias de España atribuye este giro a la medida impulsada por el Ministerio de Agricultura, que contempla la inmovilización temporal de unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027.
La evolución de los precios refleja el cambio de escenario. Antes de la entrada en vigor de la resolución, el aceite lampante cotizaba en torno a los 2.800 euros por tonelada, mientras que el virgen extra rondaba los 3.200 euros. Desde septiembre, las estadísticas habían registrado caídas superiores a los 50 euros por tonelada cada semana, una situación que, según las cooperativas, comprometía la viabilidad económica de los agricultores.
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Sin embargo, los datos del portal PoolRed correspondientes a la primera semana de aplicación de la medida, entre el 9 y el 15 de noviembre, muestran una evolución diferente. El aceite virgen extra ha subido un 1,34%, el virgen un 2,65% y el lampante un 1,49%. Unos incrementos que han llevado a la organización agraria a reafirmar su respaldo al mecanismo de regulación.
Un excedente histórico amenaza al sector
La preocupación de las cooperativas va más allá de las oscilaciones puntuales de las cotizaciones. Las previsiones apuntan a una cosecha superior a 1,6 millones de toneladas que, sumada a las existencias iniciales, elevaría la disponibilidad de aceite hasta el 120% respecto a la media de las últimas seis campañas. La organización considera que este volumen de oferta supone un riesgo para la estabilidad del mercado y los ingresos de los productores.
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Ante este panorama, Cooperativas Agro-alimentarias sostiene que la retirada temporal permitirá reducir la presión vendedora durante los meses de mayor actividad en las almazaras. La entidad defiende que ha trabajado con el Ministerio en un mecanismo “muy garantista”, después de consultar a las comunidades autónomas y a las organizaciones representativas del sector.
La medida, además, ha generado controversia entre distintos operadores. Frente a las críticas recibidas, las cooperativas consideran que algunos cuestionamientos responden estrictamente “a intereses particulares de ciertos operadores que, en ningún caso, buscan el beneficio del conjunto del sector olivarero”. La organización confía en que la inmovilización despliegue progresivamente sus efectos y contribuya a ordenar el mercado.
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La retirada “no su pone” una pérdida de competitividad
Otro de los argumentos que ha alimentado el debate es el posible impacto de la medida sobre la competitividad internacional y la calidad del aceite español. Cooperativas Agro-alimentarias rechaza estas advertencias y recuerda que cada almazara conserva plena libertad para decidir qué categoría de aceite retira temporalmente del mercado.
Además, la entidad sostiene que buena parte del volumen inmovilizado habría terminado almacenado igualmente al cierre de la campaña, debido a las dificultades para comercializar todo el excedente. Por ello, considera que la resolución no supone una pérdida de competitividad, sino una herramienta para gestionar una oferta que supera ampliamente la capacidad de absorción del mercado.
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Las previsiones de comercialización refuerzan este argumento. España podría colocar en el mercado, entre consumo interno y exportaciones, alrededor de 1.685.000 toneladas durante esta campaña, incluso en el escenario más favorable. Pese a ello, las estimaciones apuntan a que quedarían unas 465.000 toneladas como existencias al finalizar el ejercicio. Una cantidad que supera ampliamente las aproximadamente 188.000 toneladas previstas para la retirada obligatoria.
El conflicto de las importaciones de Túnez y Marruecos
La discusión también alcanza a las importaciones de aceite procedentes de terceros países, especialmente de Túnez y Marruecos. Algunos sectores han reclamado limitar estas entradas en lugar de obligar a los productores españoles a almacenar parte de su cosecha. Sin embargo, Cooperativas Agro-alimentarias recuerda que España no puede adoptar unilateralmente una prohibición de estas compras.
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La razón es que el país forma parte de la Unión Europea y “no puede decidir por su cuenta prohibir las importaciones de aceite de oliva, porque la política comercial y los aranceles son competencias comunitarias”. En consecuencia, la organización advierte de que “las importaciones, nos guste más o menos, van a seguir entrando”.
Eso no significa que las cooperativas renuncien a reclamar cambios en la política comercial europea. La entidad lleva años exigiendo que el aceite procedente de terceros países cumpla los mismos requisitos que se aplican a los agricultores comunitarios, además de reclamar mayor trazabilidad y transparencia sobre su origen. También pide que Bruselas tenga en cuenta las consecuencias para los productores europeos cuando negocia acuerdos comerciales o concede ventajas arancelarias a otros países.
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Una revisión de la medida a finales de 2026
En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias pide “sensatez” al conjunto del sector y reclama que no se difundan informaciones infundadas contra el mecanismo de regulación. La organización insiste en que la retirada del 12% ofrece garantías para afrontar el exceso de oferta y proteger las rentas de los olivareros en un momento especialmente delicado.
La resolución incorpora, además, una cláusula de revisión a partir del 31 de diciembre de 2026. Esta disposición permitirá reducir el porcentaje de retirada si la evolución de la cosecha, la demanda o los precios hace aconsejable modificar las condiciones de aplicación.
El objetivo, según las cooperativas, es evitar que la acumulación de excedentes vuelva a presionar a la baja las cotizaciones del aceite de oliva y ponga en peligro la rentabilidad de las explotaciones.
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