
El abogado laboralista Xavi Abat (@empresariotips) ha advertido sobre una práctica que, según afirma, se repite con frecuencia en las empresas: trabajadores que presionan a sus empleadores con la frase “o me arreglas el paro o cojo una baja”. Según ha explicado el letrado, se trata de una situación en la que el empleado busca dejar su puesto y cobrar la prestación por desempleo sin que medie una causa real de despido, a costa de los recursos que financian todos los contribuyentes.
Abat ha detallado que el mecanismo consiste en pedirle a la empresa que simule un cese por causas imputables al empleador, cuando en realidad la decisión de marcharse parte del propio trabajador. “Arreglar los papeles del paro quiere decir que le estás despidiendo o llevando a cabo un cese en el contrato por una causa imputable a la empresa”, ha explicado el abogado. Ha advertido que, si la empresa accede sin dejar el proceso bien documentado, puede terminar enfrentando una demanda por despido y verse obligada a pagar una indemnización adicional, pese a que la salida fue solicitada por el propio empleado.
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El Código Penal contempla el pacto fraudulento como delito
El especialista ha subrayado que este tipo de acuerdos no solo constituye un fraude a la Seguridad Social, sino que puede derivar en responsabilidad penal. “Esto, además, evidentemente, es un fraude a la Seguridad Social que puede comportar incluso delito, porque el Código Penal establece como un hecho delictivo el acordar con un trabajador un despido para poder llevar a cabo y cobrar prestaciones de la Seguridad Social”, ha señalado Abat.
“Esto, además, evidentemente, es un fraude a la Seguridad Social que puede comportar incluso delito, porque el Código Penal establece como un hecho delictivo”
El abogado ha explicado que muchos empresarios se ven atrapados entre dos alternativas igualmente problemáticas. Si no acceden a “arreglar” la documentación del paro, el trabajador recurre a una baja médica que, según ha descrito, en ocasiones carece de un motivo de salud real. “Visto lo visto, es fraudulenta, porque no es un motivo de salud, sino simplemente va al médico y la coge”, ha explicado. Esa alternativa, remarcó, también tiene un coste directo para la empresa, que debe asumir cotizaciones a la Seguridad Social y, en algunos casos, el cien por cien del sueldo del empleado de baja. Según sus cálculos, esa situación puede representar un gasto mensual de entre 600 y 1.000 euros para el empleador.
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El impacto económico en pequeñas empresas
Abat ha insistido en que estas prácticas generan un perjuicio económico que recae sobre el conjunto de los contribuyentes, dado que las prestaciones por desempleo se financian con impuestos y no exclusivamente con las cotizaciones del trabajador implicado. “Y esto es injusto. Y es injusto que una empresa tenga que soportar una situación en la que alguien le chantajea”, ha afirmado el letrado, y ha añadido que atiende a numerosos clientes empresariales afectados por este tipo de conductas.
El abogado también ha alertado sobre las dificultades que enfrentan las compañías para probar el fraude cuando deciden no ceder a la presión. Según ha explicado, documentar la situación suele requerir la contratación de detectives privados y la tramitación de un despido disciplinario que, si no prospera judicialmente, obliga a la empresa a pagar una indemnización por despido improcedente.
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Frente a este panorama, Abat ha recomendado a los empleadores no tomar decisiones apresuradas cuando reciben este tipo de planteamientos por parte de un trabajador. “Lo más importante, sobre todo, es asesoraros cuando os llegue ese mensaje. No toméis nada en caliente, ni digáis ni que sí ni que no, porque podéis tener un problema”, ha apuntado. El letrado ha planteado que, en su opinión, este tipo de chantaje debería constituir causa de despido sin derecho a prestación por desempleo, al tratarse de una conducta fraudulenta que, según advirtió, puede llevar a pequeñas empresas al borde del cierre.
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