
Miles de comunidades de propietarios en España se enfrentan a derramas de hasta 40.000 euros para adaptar sus ascensores a una nueva normativa de seguridad que ya ha entrado en vigor. El Real Decreto 355/2024, aprobado hace dos años, regula la instrucción técnica que exige actualizar los elevadores que no cumplan determinados estándares, y su aplicación real ya ha comenzado a notarse en todo el país.
La norma obliga a modernizar los ascensores que presenten deficiencias en varios aspectos técnicos. Entre las actuaciones más frecuentes figuran la nivelación de la cabina a ras de suelo, la instalación de sistemas que impidan el cierre accidental de las puertas, la incorporación de comunicación bidireccional para emergencias y la mejora del control de carga, que debe bloquear el funcionamiento del aparato si se supera el peso máximo permitido.
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Las reformas más caras afectan a elementos estructurales antiguos
El coste de la adaptación varía según el estado de cada ascensor. Las intervenciones más simples pueden situarse entre 800 y 1.000 euros, mientras que las reformas más complejas alcanzan cifras de hasta 40.000 euros en los casos más exigentes. El gasto recae sobre los propietarios, dado que las autoridades consideran estas obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio conforme a la normativa de propiedad horizontal vigente.
Los elevadores con mayor antigüedad concentran las intervenciones de mayor costo. En varios edificios, las guías originales del ascensor deberán sustituirse por sistemas modernos de acero para asegurar un funcionamiento más estable. Las exigencias de adaptación se activan a partir de inspecciones periódicas obligatorias y, cuando el resultado es desfavorable, se fijan plazos de entre tres y diez años para completar las obras, según la gravedad de las deficiencias detectadas.
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Una reforma paralela refuerza la obligación de garantizar la accesibilidad
La actualización técnica de los ascensores coincide con un cambio normativo de mayor alcance en materia de accesibilidad. La Ley 4/2026, de 1 de octubre, entró en vigor el 23 de octubre y modificó tanto el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad como la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Hasta la aprobación de esta reforma, un vecino con discapacidad podía obtener un informe que acreditaba la obligatoriedad de realizar obras de accesibilidad en su edificio, pero carecía de una vía para exigir su ejecución. La nueva ley le permite acudir a la Justicia para forzar que la comunidad cumpla con esas obras. Además, fija que cuando una subvención pública cubra el 70% del coste de la intervención, esta pasa a ser obligatoria para la comunidad de propietarios, un umbral que antes se situaba en el 75%.
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La reforma también establece un plazo de un año para precisar con exactitud qué se entiende por “ajustes razonables” en materia de accesibilidad, y convierte en prestaciones exigibles las ayudas de urgencia destinadas a casos graves de discapacidad, que la Administración queda obligada a conceder. En paralelo, la ley creó el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, concebido como instrumento financiero para dotar de recursos a la adaptación de entornos, procesos y servicios.
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