
Una mujer venezolana ha conseguido que la Justicia reconozca su derecho a obtener la nacionalidad española por su origen sefardí, a pesar de que el informe genealógico que presentó contenía lagunas y no permitía reconstruir de forma directa todas las generaciones de sus antepasados. La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado suficiente la documentación aportada, entre ella un certificado expedido por el rabino de la Unión Israelita de Caracas que acreditaba el origen sefardí de su padre. La resolución revoca la denegación de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y obliga a la Administración a realizar los trámites necesarios para concederle la nacionalidad.
La solicitante, nacida y residente en Caracas, había recurrido la decisión administrativa que le negó la nacionalidad en marzo de 2023. Su petición se apoyaba en la Ley 12/2015, que permite conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España, siempre que acrediten tanto esa condición como una especial vinculación con el país.
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El expediente había encontrado dificultades desde el principio. La documentación incluía un certificado de la Federación Judía de Nuevo México y otro expedido por el rabino de la Unión Israelita de Caracas, además de varios informes sobre sus apellidos y su genealogía. Sin embargo, la Administración cuestionó la validez de los certificados y consideró que los documentos no demostraban suficientemente que la mujer descendiera de los judíos que abandonaron España tras su expulsión en 1492.
El primer juzgado que examinó el asunto también rechazó su reclamación. En una sentencia de marzo de 2025, consideró que el informe genealógico presentaba “saltos en los antepasados” y no acreditaba que las personas de las que descendía fueran sefardíes expulsados de España. También cuestionó el certificado del rabino de Caracas porque, a su juicio, no estaba autorizado para acreditar esa condición y la entidad a la que pertenecía no contaba con el aval de la Federación de Comunidades Judías de España.
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La Audiencia Provincial, sin embargo, ha llegado a una conclusión distinta. Los magistrados de la Sección Undécima distinguen entre los dos certificados rabínicos aportados. Por un lado, coinciden en que el documento de Nuevo México no podía utilizarse para demostrar el origen sefardí de la solicitante, ya que esta residía en Venezuela. Por otro, consideran válido el certificado expedido por el rabino de Caracas, que acreditaba la condición de sefardí originario de España de su padre.

La Sala destaca que la documentación necesaria para acreditar la autoridad del rabino y la validez de los documentos había sido aportada debidamente traducida y apostillada. Por ello, entiende que se cumplían los requisitos exigidos por la Ley 12/2015 y rechaza que pudiera descartarse el certificado por el simple hecho de que la entidad religiosa no estuviera avalada por la Federación de Comunidades Judías de España.
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Los magistrados también discrepan de la valoración que se había hecho del árbol genealógico. La mujer había presentado un primer informe sobre el apellido Marino, que los jueces consideran demasiado genérico para demostrar por sí solo su relación con los sefardíes expulsados de España. Sin embargo, el expediente incluía otro estudio genealógico más extenso que reconstruía su ascendencia por la rama paterna hasta una antepasada judía sefardí llamada Estrella.
Aunque ese documento no permitía establecer una conexión directa en todas las generaciones, la Audiencia considera que esa circunstancia no basta para descartarlo. Los jueces recuerdan que acreditar hechos que se remontan a cientos de años atrás entraña una dificultad evidente y que, cuando no existen documentos directos sobre algunas generaciones, es posible recurrir a fuentes indirectas, publicaciones y otros estudios históricos.
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“Resultando a juicio de la Sala acreditada la genealogía de la actora en los términos que se interesan en la demanda”, concluye la sentencia, que añade que no existía ninguna prueba que contradijera las conclusiones del informe presentado por la solicitante.
La mujer también tuvo que demostrar su especial vinculación con España, un requisito adicional al origen sefardí que exige la ley. Para ello, aportó documentación sobre su relación con la Federación Judía de Nuevo México, a la que pertenecía y a la que realizaba donaciones para contribuir a sus actividades culturales y religiosas. También presentó certificados del Instituto Cervantes que acreditaban que había superado la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, así como documentos de Repsol Venezuela y de la Cámara de Comercio Venezolana Española que acreditaban su relación laboral y profesional con ambas entidades.
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La Audiencia considera que el conjunto de estas pruebas permite tener por acreditados los dos requisitos legales. En consecuencia, estima el recurso de la mujer, deja sin efecto la resolución administrativa que le denegó la nacionalidad y declara que cumple las condiciones para obtenerla como sefardí originaria de España. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública deberá realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios para concedérsela.
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