
El Gobierno ha dado luz verde a una reforma que promete cambiar las reglas del juego en las relaciones laborales. A partir de la transposición de dos directivas europeas, las empresas deberán ofrecer más información sobre los salarios, justificar sus políticas retributivas y facilitar la detección de posibles desigualdades entre hombres y mujeres. El objetivo es combatir la brecha salarial de género y garantizar que los trabajadores conozcan las condiciones económicas de sus puestos.
La medida ha sido presentada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con un mensaje contundente: “Se acabó el secreto salarial en las empresas”. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha destacado que la reforma incorpora por primera vez “la indemnidad expresa”, una protección que impedirá que las compañías tomen represalias contra quienes reclamen sus derechos laborales.
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Entre las principales novedades figura el reconocimiento del derecho de los empleados a conocer los criterios que determinan los salarios y los niveles retributivos correspondientes a cada puesto o categoría profesional. Asimismo, las compañías con más de 50 trabajadores tendrán que informar de los criterios que utilizan para establecer la progresión salarial.
Las ofertas laborales deben especificar el salario
Uno de los cambios más relevantes afecta directamente al acceso a la información salarial. Los empleados podrán solicitar por escrito datos sobre su propia remuneración y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor. Las empresas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para facilitar esa información.
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La reforma también lleva la transparencia al momento de buscar empleo. Las ofertas laborales deberán especificar el salario y utilizar una formulación neutra, mientras que las empresas tendrán prohibido preguntar a los aspirantes cuánto cobraban en sus anteriores puestos. La intención es evitar que las desigualdades salariales acumuladas se reproduzcan durante los procesos de contratación.
“Actuamos ex ante para que la igualdad esté en origen”, ha defendido Díaz al explicar el alcance de esta medida. Con este planteamiento, Trabajo pretende intervenir antes de que se formalice la relación laboral para impedir que los prejuicios o las diferencias salariales previas condicionen las nuevas oportunidades profesionales.
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Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.
Cambios en el periodo de prueba y más derechos laborales
Más allá de los salarios, el nuevo marco introduce modificaciones en las condiciones de contratación. El periodo de prueba tendrá una duración máxima de seis meses, aunque podrá ampliarse mediante convenio colectivo si existen causas justificadas. Para los contratos de seis meses, el límite será de un mes, mientras que en los de duración inferior se reducirá proporcionalmente.
Por otro lado, las compañías no podrán impedir que sus empleados trabajen para otras empresas, salvo que existan causas objetivas o un pacto de plena dedicación que contemple una compensación económica. También se refuerza la protección de quienes realizan horas complementarias: podrán rechazarlas si no se respeta el preaviso establecido o no se concreta cuándo deben efectuarse.
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En caso de que la empresa cancele horas complementarias previamente pactadas, el trabajador tendrá derecho a percibir su remuneración. Además, la normativa reconoce la posibilidad de solicitar modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades dentro de la propia compañía.
Las represalias contra los trabajadores serán infracciones muy graves
El endurecimiento del régimen sancionador constituye otro de los pilares de la reforma. A partir de ahora, se considerará infracción muy grave cualquier trato desfavorable de una empresa hacia un empleado por haber presentado una reclamación judicial o extrajudicial en defensa de sus derechos laborales.

También tendrán esa consideración la petición de datos prohibidos por la normativa durante los procesos de intermediación o colocación y cualquier discriminación en el acceso al empleo. De esta manera, el Gobierno pretende que las nuevas garantías no se queden únicamente en una declaración de intenciones.
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Por su parte, pasarán a considerarse infracciones graves la falta de información sobre los elementos esenciales del contrato, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los planes y medidas de igualdad y la negativa a proporcionar los datos exigidos por la legislación.
Para supervisar la aplicación de estas medidas, se constituirá una comisión de seguimiento de la transparencia retributiva. Este organismo tendrá funciones de asistencia y cooperación con las autoridades competentes, con el propósito de reforzar el control sobre las políticas salariales de las empresas y avanzar hacia una mayor igualdad en el mercado laboral.
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