
Los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir a los representantes políticos que ocuparán los escaños del Congreso y del Senado, y de cuya composición dependerá la formación del próximo Gobierno. Y una de las mayores preocupaciones es el panorama económico, con la erosión del poder adquisitivo de los hogares tras años con una inflación elevada, la subida del coste de la vida y el difícil acceso a una vivienda digna, que están condicionando a la mayoría de la población.
En la carrera por dirigir el Ejecutivo durante la próxima legislatura, hay dos partidos que parten como los principales protagonistas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez; y el Partido Popular (PP), con Alberto Núñez Feijóo al frente. Ambas formaciones cuentan con programas muy distintos que dibujan dos proyectos antagónicos para España. Mientras que los socialistas apuestan por reforzar el papel del Estado como motor de la actividad económica y herramienta de redistribución de la riqueza, los populares defienden una menor intervención pública, la contención del gasto y una política de rebajas fiscales.
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Progresividad selectiva frente a bajada generalizada
La primera gran diferencia entre ambos partidos la encontramos en la política tributaria. El PSOE articula su propuesta en la justicia fiscal distributiva, elevando la tributación de las rentas más altas -a partir de 50.000 euros- y corporaciones, alcanzando un tipo marginal máximo del 35% para patrimonios financieros superiores a 300.000 euros. A esto se le suma la consolidación de gravámenes complementarios sobre grandes patrimonios, un nuevo marco impositivo para gigantes tecnológicos y sistemas de inteligencia artificial, y una pionera fiscalidad sobre viajes y bienes de superlujo, como aviones privados o megayates. Asimismo, los socialistas proponen penalizar en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas empresas cotizadas donde el primer ejecutivo perciba más de 100 veces la mediana del sueldo de su plantilla.
En el otro extremo, el PP sitúa la rebaja de la presión fiscal como la clave para reactivar el consumo y la inversión privada. Su programa contempla una bajada del IRPF concentrada en rentas medias, bajas y familias, acompañada de la deflactación de la tarifa para evitar que los contribuyentes tributen más debido a la inflación. Además, la formación popular incluye medidas de impacto inmediato en el bolsillo de las familias, como el 0% de IVA para alimentos básicos -ampliándolo a carne, pescado y conservas- y una ambiciosa exención escalonada de IRPF para jóvenes de hasta 35 años durante sus cuatro primeros años laborales, del 100% al 25%.
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Como punto en común, ambos partidos coinciden en blindar por ley que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) queden exentos de tributar en el IRPF.
Construir más o intervenir el mercado de la vivienda
En cuanto a la problemática del acceso a la vivienda, ambas formaciones reconocen la necesidad de aumentar la oferta, pero sus propuestas difieren en cómo conseguirlo. El PSOE sitúa la vivienda asequible entre sus principales prioridades y plantea movilizar anualmente un 1% del PIB para facilitar el acceso a una casa. Una de sus propuestas es construir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición de inmuebles, que se gestionarían a través de Casa 47.
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Además, pretende destinar más de 25.000 millones de euros, mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a avales, préstamos y financiación para vivienda asequible. También propone mantener la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas, congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia y establecer un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible.
En cambio, el PP fija un objetivo de construcción de un millón de viviendas y considera que la principal solución pasa por aumentar la oferta, agilizar los trámites urbanísticos y facilitar la colaboración entre las administraciones y los promotores privados. Su programa contempla derogar la actual Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y suprimir el índice de precios del alquiler. En su lugar, apuesta por ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que mantengan a sus inquilinos durante tres años adicionales con subidas inferiores al IPC.
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Para facilitar la compra entre los jóvenes, los populares proponen reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años, ampliar los avales públicos para cubrir hasta el 20% del precio del inmueble y crear una cuenta de ahorro específica para deducirse el 20% de las aportaciones destinadas a adquirir una primera casa.

Medidas para el mercado de trabajo
En el ámbito laboral también se puede apreciar la distancia ideológica. El PSOE, por su parte, mantiene como medida estrella la reducción legal de la jornada a 37,5 horas semanales sin bajar el salario, abriendo la puerta a que los convenios colectivos avancen hacia las 35 horas. Los socialistas buscan también consolidar que el SMI se sitúe siempre por encima del 60% del salario medio nacional, encarecer el despido improcedente dotándolo de carácter disuasorio y restaurar los salarios de tramitación para proteger al trabajador en caso de ir a juicio.
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El PP, en cambio, centra sus prioridades en la competitividad y la productividad empresarial. Para los populares, cualquier nueva normativa económica deberá superar un “test de productividad”. Su enfoque para el empleo pretende abaratar las barreras de entrada al mercado y propone una bonificación del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año al contratar un primer empleado, y del 50% para el segundo, y suavizar los umbrales normativos para que el crecimiento de plantilla no penalice de golpe a pequeñas y medianas empresas.
Empresas y autónomos
La palanca para el tejido productivo también difiere. Desde el PSOE apuestan por la intervención estratégica y el liderazgo público mediante el Fondo España Crece, proyectado con 120.000 millones de euros para relevar los fondos europeos y dirigir la reindustrialización hacia el hidrógeno verde, la electrificación y la tecnología. Para resolver las trabas internas del mercado español, plantean el denominado Régimen 20, una armonización regulatoria entre comunidades autónomas.
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Por su parte, el proyecto del PP persigue el alivio burocrático y el estímulo al emprendimiento individual. Su paquete para autónomos incluye la cuota cero durante el primer año -ampliable a un segundo si los ingresos no alcanzan el SMI-, la protección patrimonial de la vivienda habitual del autónomo y la instauración de una franquicia de IVA hasta 85.000 euros anuales de facturación, eximiendo a miles de pequeños profesionales de presentar autoliquidaciones periódicas. Todo ello bajo una regla desreguladora “3 por 1″ que consiste en derogar tres normas existentes por cada nueva regulación aprobada.

Energía, pensiones y gasto público
En materia energética, la brecha se hace más grande. El PSOE se fija como meta que el 81% de la generación sea renovable para acelerar la descarbonización, mientras que el PP apuesta por frenar el calendario de cierre y extender la vida útil del parque nuclear español -Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo-, suprimiendo el impuesto del 7% a la producción eléctrica para abaratar los costes de la industria y los hogares.
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En el plano presupuestario, mientras que el PSOE prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación autonómica y asumir 83.000 millones de deuda regional, el PP aboga por un estricto recorte de la estructura gubernamental —menos ministros, asesores y organismos duplicados— y una regla de gasto vinculante que impida comprometer partidas sin financiación previa identificada.
En pensiones, aunque ambas candidaturas aseguran la revalorización vinculada al IPC, los socialistas proponen blindar dicho principio en la Constitución, frente a un PP que pone el foco en la sostenibilidad de las cuentas públicas y en la mejora de los incentivos al empleo, la actividad económica y la jubilación activa.
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