
El 1 de septiembre de 2026, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó oficialmente la aprobación del Plan Especial para que el edificio situado en el número 52 de la Gran Vía se pueda convertir en un hotel de lujo. Otro más de los proyectos hoteleros previstos para esta importante arteria de la capital. Desde octubre de 2011, la Comunidad de Madrid alquila este inmueble para que sea la sede de 20 juzgados de lo mercantil. El alquiler inicial fue establecido en 108.210 euros mensuales, equivalentes a 1.298.520 euros anuales. El propietario del inmueble es una empresa del mismo nombre, Gran Vía 52 SL, constituida en diciembre de 1985. Antes de Gran Vía 52 SL, el edificio pertenecía a la Compañía Española de Inmuebles CEDISA.
Como administradores solidarios de esta compañía aparecen cuatro personas, entre las que destacan el médico Armando Tejerina Gómez, actualmente director científico y fundador del Centro de Patología de la Mama; y la abogada Sonsoles Velayos Jiménez, cuyo nombre apareció hace años en los ‘Paradise Papers’, una investigación periodística que desveló en 2017 cómo políticos, multinacionales, celebridades y grandes fortunas utilizaban estructuras financieras complejas en paraísos fiscales para reducir su carga tributaria. El grueso del material procedía del bufete de abogados Appleby, con sede en Bermudas. Velayos aparecía como administradora de la firma Soprania, radicada en Malta.
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Cuando se firmó el alquiler en 2011, el consejero de Economía y Hacienda (quien tramitó el arrendamiento) era Percival Manglano y la consejera de Justicia (cuya Administración se benefició de contar con este edificio para albergar los juzgados de lo mercantil) era Regina Plañiol, miembros ambos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Aunque la negociación del alquiler comenzó con el predecesor de Plañiol, Francisco Granados (condenado por el ‘caso Púnica’) ¿quiénes son los dueños reales del edificio? “El inmueble siempre ha sido de Gran Vía 52 SA, que tiene bastantes acconistas. Yo soy una de las administradoras de la sociedad”, explica Velayos a este diario sin dar más detalles.

La documentación oficial del Plan Especial revela que el edificio fue construido en el año 1928 como “edificio de viviendas”, siguiendo un proyecto del arquitecto Luis Díaz con estilo art déco y reminiscencias egipcias a lo largo de toda su fachada. Luego tuvo diferentes servicios terciarios y dotacionales. En 1984, por ejemplo, los locales de la planta baja albergaron el primer McDonald’s que la cadena abrió en España. En 1986, gran parte del edificio se convirtió en sede de la compañía Esabe Express SA, una filial del Grupo Esabe, que se definía como empresa líder de seguridad y que habilitó en el inmueble una sala de exposiciones, un auditorio, aulas de formación, una cancha de golf electrónica, una galería de tiro, una residencia con 22 habitaciones, un gimnasio y una piscina y solarium.
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Quiebra, juzgados y ahora hotel
El sueño del Grupo Esabe solo duró pocos años. La empresa cayó en concurso de acreedores y la Policía Nacional detuvo a la mayor parte de la cúpula de esta empresa en 2012 por alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social. El caso se cerró extrañamente en 2023, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrirlo en 2025. De hecho, en 1999 el edificio ya estaba en manos del Ministerio de Justicia, con Margarita Mariscal de Gante como ministra, que adjudicó a ACS por procedimiento negociado sin publicidad las obras de adaptación para juzgados. En 2002, el Estado transfirió las competencias de justicia a la Comunidad de Madrid.
Así que en 2011, como ya hemos señalado, la empresa Gran Via 52 SA decidió alquilar el edificio a la Comunidad de Madrid para albergar los juzgados de lo mercantil. Pero como el Gobierno regional ha decidido construir la Ciudad de la Justicia en Valdebebas, abandonará el edificio en pocos meses. No hay plazo. “Las dependencias judiciales de la Gran Vía se mantendrán hasta el traslado a la Ciudad de la Justicia una vez concluya su construcción”, explica un portavoz del Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso.
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Así que ahora los dueños han decidido construir un hotel con 91 habitaciones distribuidas en las seis plantas del edificio, que tendrá categoría de cuatro estrellas. Sus propietarios piensan facturar 3,5 millones de euros al año, después de hacer obras de remodelación por valor de 3,8 millones durante los próximos tres años, a los que habrá que sumar otros cuatro millones en gastos de equipamientos y personal para ponerlo en marcha. El proyecto fue aprobado con los votos del PP; PSOE y Más Madrid votaron en contra y Vox se abstuvo.

Precisamente el tema de la piscina en un edificio judicial llamó la atención de la oposición en el Pleno donde se trató la aprobación del Plan Especial para convertir el edificio en un hotel. Antonio Giraldo, concejal socialista, recuerda que el edificio tiene un alto valor y una protección de grado 1 integral, y que “en estos años se han realizado algunas actuaciones sin licencia, como que en la azotea hay una piscina y un yacuzzi hechos sin licencia al servicio de los juzgados, que es una cosa bastante llamativa”. Desde la Consejería de Justicia aseguran “que la piscina ya estaba en el edificio con carácter previo y no han tenido uso”. Marta Lois, de Más Madrid, critica esta actuación porque para “el Ayuntamiento el interés general consiste siempre en convertirlo todo en otro hotel de lujo. Parece que el patrimonio se salva gracias a un hotel, pero el patrimonio no puede convertirse en una coartada permanente para la rentabilidad privada”.
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Luego está el asunto del alquiler que la Comunidad lleva pagando desde 2011. La diputada socialista Isabel Cadórniga Varela preguntó expresamente al Gobierno autonómico qué renta anual pagaba la Comunidad de Madrid por Gran Vía 52. También ha querido conocer las condiciones del contrato porque la documentación del Plan Especial aprobado de 2026 revela que el uso judicial no estaba amparado por licencia, mientras el contrato de 2011 obligaba expresamente a la Comunidad a obtener las autorizaciones necesarias. ¿Se gestionó alguna vez ese cambio de uso? El contrato de alquiler también establecía que las mejoras realizadas por la arrendataria (la Comunidad) quedan en beneficio de la propiedad. ¿Cuánto se ha invertido desde 2011? Hay que tener en cuenta que la renta mensual pactada en 2011 ha crecido año tras año. En 2020, por ejemplo, ya era de 140.282 euros y en 2026 ya se había elevado a 171.225 euros mensuales.
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