Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han cerrado un acuerdo pionero con el Gobierno de Ruanda para poner en marcha en el país africano el primer centro de retorno destinado a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido formalmente rechazadas. A estas instalaciones serán trasladadas aquellas personas que carezcan de derecho de protección internacional y hayan desestimado retornar de forma voluntaria a sus países de origen, mientras concluyen los trámites para su expulsión definitiva.
El pacto deja fragmentados a los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras que 19 de los 27 socios consideran estos centros una fórmula innovadora, países como España y Francia han rechazado tajantemente este modelo de deportación. No obstante, el canciller federal de Austria, Christian Stocker, ha definido la iniciativa como un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria”.
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El anuncio del centro, que abrirá en 2027 en Ruanda, se ha producido en Viena tras un encuentro ministerial con la participación de los responsables de Interior y Migración de los cinco países europeos. Así como la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta.
El respaldo de la Comisión Europea
En líneas generales, la Comisión Europea ha recibido con satisfacción el acuerdo, recordando que la nueva normativa comunitaria sobre retornos habilita a los Estados miembros a explorar la creación de centros en terceros países. El portavoz de la Comisión Europea para Interior y Migración, Markus Lammert, ha confirmado en una rueda de prensa el seguimiento directo de las negociaciones por parte de Bruselas. “Naturalmente, corresponde a los Estados miembros afectados realizar los anuncios pertinentes; una vez que lo hagan, podremos ofrecer más comentarios y profundizar en la cuestión”, ha anunciado.
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Así, lo único que ha podido adelantar es que desde la Comisión “celebramos esta iniciativa y hemos seguido de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para la creación de un centro de retorno de este tipo”. Asimismo, Lammert ha defendido el encaje jurídico del proyecto en los objetivos comunitarios para agilizar las salidas del territorio europeo: “Este enfoque innovador puede contribuir a abordar la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional”.
En cuanto a los recursos económicos que se precisan para llevar a cabo el proyecto, el portavoz de Bruselas ha puntualizado que “en principio, corresponde a los Estados miembros financiar” las instalaciones. Aunque tampoco ha descartado la “posibilidad” de que la UE pueda llegar a aportar fondos de apoyo para medidas complementarias tras examinar cada solicitud “caso por caso”.
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Los trasladados tendrán libre movimiento en Ruanda
El centro funcionará inicialmente como un proyecto piloto entre la primavera y el verano de 2027, con una capacidad prevista para varios cientos de expulsados. Según han avanzado los cinco países, las instalaciones serán de régimen abierto: los migrantes contarán con permisos de residencia y libertad de movimiento dentro de Ruanda para fomentar su inserción laboral y social.
No obstante, al no contemplarse un límite temporal de estancia, los afectados podrían quedar atrapados en el país africano si no se consuma el regreso a sus naciones de origen. El plan prevé además la implicación operativa de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) una vez se apruebe la ampliación de su mandato. Igualmente, los cinco promotores asumirán en su totalidad los costes de las deportaciones y del hospedaje, cuyos importes globales aún no han sido detallados, al igual que las contrapartidas financieras exactas para Kigali.
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Dudas jurídicas y humanitarias y un posible cambio de dirección tras el 29-N
Esta iniciativa deja dividida a la Unión Europea. De hecho, el Gobierno español votó en contra de la reforma comunitaria de retornos por las dudas jurídicas en torno a la externalización. Cabe recordar que el Tribunal Supremo británico declaró ilegal un pacto similar de Londres en 2023 debido al historial de derechos humanos en Ruanda.
En paralelo, distintas asociaciones jurídicas como ASGI han advertido del riesgo de vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos por posibles tratos degradantes, mientras que modelos análogos —como los centros italianos en Albania— han generado críticas por su alto coste, que supera los 153.000 euros por plaza.
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Pese a la posición española, el apoyo o el rechazo de esta cuestión puede cambiar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y es que el punto número 45 del programa electoral del Partido Popular apuesta por seguir el camino de los 19 Estados miembros que favorecen esta medida. En su propuesta, el PP se compromete a aplicar de forma íntegra el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, utilizar destinos como terceros países seguros y, específicamente, “impulsar acuerdos para crear centros de retorno en terceros países”. Asimismo, los populares proponen acuerdos con países seguros para examinar solicitudes de asilo y plantean supeditar visados, ayudas al desarrollo y relaciones comerciales al cumplimiento de las readmisiones.
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