Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

La crisis de acceso a la vivienda lleva meses protagonizando el debate político y social. A la discusión sobre la falta de suelo, el crecimiento demográfico o las trabas burocráticas se ha sumado ahora un argumento inesperado: el urbanismo inclusivo. “Faltan casas porque hay que construir con perspectiva de género”, sostuvo Santiago Abascal, presidente de Vox, ante la incredulidad de David Broncano durante su entrevista en La Revuelta. Se trata de un modelo de planificación y diseño de las ciudades que incorpora criterios de igualdad, accesibilidad y seguridad en los espacios públicos, pero que no regula directamente la construcción de viviendas ni condiciona las licencias de obra residenciales, como sugiere el dirigente.

El urbanismo con perspectiva de género parte de la premisa de que el espacio público no se diseñó de forma neutra, sino conforme a patrones de movilidad que históricamente respondían al desplazamiento lineal entre el hogar y el trabajo, típico de la jornada laboral masculina a tiempo completo. Frente a ese modelo, las nuevas guías técnicas plantean itinerarios que permiten combinar trabajo, compras, acompañamiento escolar y cuidado de dependientes en un mismo trayecto, más habituales entre las mujeres según las encuestas de movilidad cotidiana. De ahí derivan criterios como la ampliación de aceras para facilitar el paso de cochecitos o sillas de ruedas y la proximidad entre vivienda, paradas de transporte y equipamientos básicos.

El segundo eje, además del de la movilidad, es el de la seguridad percibida en el espacio público durante la noche o en zonas poco transitadas. El urbanismo con perspectiva de género recomienda alumbrado continuo y homogéneo en calles, aparcamientos y paradas de transporte, sin tramos oscuros ni ángulos muertos, así como materiales transparentes en pasos subterráneos, ascensores y marquesinas que permitan ver y ser vistos.

Zonas peatonales y movilidad sostenible: lo que la perspectiva de género suma al urbanismo

La exigencia no es reciente ni afecta a la construcción de viviendas individuales. Desde 2018, el Tribunal Supremo obliga a que los planes urbanísticos generales incluyan informes de impacto de género, una competencia que gestionan las comunidades autónomas y que ya aplican, con distinto grado de desarrollo, País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Baleares, Navarra y Extremadura. El debate sobre si esta normativa retrasa la edificación se limita a los instrumentos de planeamiento general y a los proyectos de reurbanización de espacios públicos —plazas, calles, redes de transporte—, no a las licencias de obra para vivienda, que se tramitan bajo normativa técnica de edificación independiente y sin este requisito adicional.

Varios municipios ya trasladan estos criterios a intervenciones concretas. Bilbao desarrolla “caminos escolares” para que los menores lleguen a pie y de forma segura a los centros educativos. Vitoria puso en marcha en 2020 un plan de movilidad con autobuses eléctricos que conecta barrios periféricos con el centro. Barcelona implementó las supermanzanas, que restringen el tráfico rodado para ganar espacio peatonal y zonas de sombra. Alcorcón exige a los promotores garantizar visión despejada en pasarelas y accesos para eliminar los llamados “puntos negros” de inseguridad. Y en la Comunidad Valenciana, varios ayuntamientos afectados por la dana de octubre de 2024 —como Carlet— incorporaron a sus planes de reconstrucción aceras más anchas, mejor iluminación y bancos en plazas públicas.

El otro frente, la seguridad laboral en las obras

Más allá del diseño urbano, la perspectiva de género también se aplica a la gestión preventiva dentro del propio sector constructor, tradicionalmente masculinizado. Según la Encuesta de Población Activa de 2024, las mujeres ocupadas en construcción en España superaron las 160.000 personas, un 11,4% del total del sector, con un perfil promedio de 44,6 años y estudios superiores.

El marco normativo español se apoya en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Desde el 7 de marzo de 2022, todas las empresas de 50 o más trabajadores están obligadas a contar con un plan de igualdad registrado, conforme al Real Decreto 901/2020. El VII Convenio General del Sector de la Construcción, vigente hasta diciembre de 2026, incorpora además la obligación de realizar auditorías salariales y protocolos específicos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

Sin embargo, el cumplimiento está lejos de ser total. De las 32.314 empresas españolas obligadas a tener un plan de igualdad en 2023, solo 7.889 lo tenían en vigor, de acuerdo con datos del registro de convenios colectivos citados en el informe de la Universidad de Sevilla.