Los años en que los jubilados perdieron poder adquisitivo: el mapa de las revalorizaciones de pensiones

Cada diciembre, millones de pensionistas españoles esperan el decreto que fija cuánto subirá su paga al año siguiente. Durante buena parte de la última década y media, esa cifra llegó acompañada de una pregunta silenciosa: ¿será suficiente para seguir el ritmo de los precios? Un informe de Funcas sobre carencia material y social (un indicador estadístico que mide si un hogar tiene dificultades económicas para acceder a bienes o servicios básicos) reconstruye, año por año, los tramos en los que la respuesta fue negativa y revela que la brecha entre revalorización e inflación dejó episodios de pérdida real de poder adquisitivo entre 2007 y 2022.

El documento, elaborado por la Dirección de Estudios Sociales de la fundación, no se limita a exponer cifras. Durante casi 20 años de datos sobre pensiones contributivas e IPC, el informe muestra que el malestar de los pensionistas no siempre coincidió con los años de mayor pérdida de poder adquisitivo. Veamos por qué.

La primera grieta, entre 2010 y 2012

El primer tramo de deterioro llegó en plena resaca de la crisis financiera. En 2010, la revalorización de las pensiones contributivas quedó entre 1 y 1,8 puntos por debajo del IPC medio anual. Al año siguiente, la distancia se ensanchó hasta un rango de entre cero y 3,2 puntos, el mayor diferencial porcentual mencionado en el informe para ese tramo. En 2012 persistió, con una diferencia de entre 1 y 2,4 puntos.

Fueron tres años en los que el ajuste anual no compensó la subida de precios, aunque el informe matiza algo que suele perderse en la discusión pública: en términos de renta total, los hogares de mayores de 65 años fueron, paradójicamente, los que mejor resistieron el golpe de la Gran Recesión. Mientras su renta equivalente media cayó un 7% entre 2009 y 2012, la caída general fue del 17% y, entre los jóvenes de 16 a 29 años, llegó al 24%.

El espejismo del 0,25%

La reforma de las pensiones de 2013 dio origen al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que, según establecía la Ley 23/2013, fijó un suelo legal de aumento anual del 0,25%, el mínimo posible dentro de la norma. La razón no estuvo en la generosidad del mecanismo, sino en la circunstancia opuesta: el IPC registró variaciones negativas o mínimas, de -0,2%, -0,5% y -0,2% respectivamente. El 0,25% no supuso pérdida porque los precios apenas subieron, o incluso cayeron.

La fórmula se agotó en 2017. Ese año, el IPC subió un 2% mientras las pensiones seguían ancladas al mismo 0,25%, lo que produjo una nueva pérdida de poder adquisitivo, esta vez sin el colchón de la deflación. El informe conecta este episodio con un giro en el indicador de carencia material y social severa (CMSS) de los mayores, que pasó del 3,5% en 2015 al 8,1% en 2018, un salto que casi igualó la tasa general de la población.

Ese salto, sin embargo, no se explica por una caída de los ingresos. La CMSS no mide únicamente privaciones materiales del hogar, como no poder calentar la vivienda o afrontar un gasto imprevisto. Incorpora también cuestiones individuales, como la posibilidad de reunirse con amigos o familia, participar en actividades de ocio o disponer de una pequeña cantidad de dinero para gastos propios, aspectos que responden a la percepción subjetiva de la situación económica, no solo a los ingresos disponibles.

“Tras años de crecimientos mínimos o, incluso, de congelación nominal, no pocos pensionistas pudieron experimentar cierto malestar ante un incremento nominal tan bajo”, señala el informe de Funcas, que atribuye a esa sensación de estancamiento prolongado el aumento de menciones a carencias relacionadas con la vida social y el ocio entre los mayores de 65 años, un fenómeno que no se observó con la misma intensidad en el indicador de carencia material más tradicional.

La renta de los hogares de mayores, de hecho, se mantuvo estable en ese mismo período, lo que explica por qué el indicador de carencia material clásico (CMS) permaneció bajo y sin sobresaltos entre 2008 y 2019. El malestar, en este caso, se filtró por una vía distinta a la de la renta disponible.

El retorno a la indexación y los límites de la recuperación

Con el abandono del IRP y la vuelta a un sistema de revalorización ligado al IPC, primero previsto y después pasado, se recuperó la tendencia a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Pero el informe advierte que ese mecanismo no compensó del todo los choques inflacionarios de 2021 y 2022, los años en que la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania dispararon los precios de la energía en toda Europa.

Aun así, el saldo de las dos últimas décadas, según Funcas, resulta favorable para los jubilados si se compara con el resto de la población. El crecimiento de las nuevas pensiones de jubilación por encima de la inflación tuvo un efecto netamente positivo sobre la renta de los hogares de mayores, hasta el punto de que, en 2025, su tasa de carencia material y social severa cayó al 4,7%, muy por debajo del 8,1% general. El indicador que llegó a duplicarse en apenas tres años terminó por convertirse, una década después, en uno de los más bajos entre todos los grupos de edad.