Cirugías genitales no consentidas, terapias hormonales y falta de datos: el sistema sanitario “es la principal fuente de violencia” contra las personas intersexuales

La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que el sistema sanitario es la principal fuente de violencias contra las personas intersexuales en España y reclama al futuro Gobierno que dé continuidad al protocolo de atención sanitaria para personas trans, no binarias e intersexuales que el activismo LGTBI+ y el Ministerio de Sanidad habían comenzado a elaborar.

“El desarrollo de este protocolo es un mandato de la Ley LGTBI+, aprobada en 2023, y su puesta en marcha acumula años de retraso. Mientras tanto, las personas intersex siguen sufriendo una violencia injustificada desde las primeras etapas de su vida. Es intolerable”, ha señalado este 26 de octubre, Día de la Visibilidad Intersexual, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, que ha pedido a la ciudadanía que el próximo 29 de noviembre vote “a favor del progreso y de los derechos” para que continúe el trabajo iniciado. Esta es una de las peticiones recogidas en el informe Estado LGTBI+ 2026. Corporalidades intersexuales: derechos reales, un estudio donde la organización sostiene que la medicina ha tratado tradicionalmente la diversidad de las características sexuales como una anomalía que debe ser corregida, en lugar de reconocerlas como una variación natural del cuerpo.

Las variaciones intersexuales pueden estar relacionadas con los genitales, las gónadas —testículos y ovarios—, los niveles hormonales o los patrones cromosómicos y no siempre son visibles al nacer, por lo que pueden identificarse en etapas posteriores de la vida.

“Instituciones de patologización”

La principal acusación del informe de la FELGTBI+ es clara: hospitales, consultas y equipos médicos no siempre han actuado como espacios de cuidado y garantía de derechos, sino como instituciones de patologización, control e intervención sobre los cuerpos intersexuales. Los testimonios recogidos describen cirugías tempranas no consentidas, ocultamiento de información, historias clínicas incompletas o presuntamente manipuladas, exploraciones innecesarias y una atención centrada en adaptar los cuerpos a un modelo binario de sexo.

La FELGTBI+ denuncia especialmente las intervenciones genitales “normalizadoras” practicadas en bebés y menores cuando no existe una urgencia médica real. Estas operaciones, dirigidas a asignar o reforzar una apariencia sexual masculina o femenina, vulnerarían el derecho a la integridad física y a la autonomía corporal. El informe sostiene que muchas de estas prácticas responden más a expectativas sociales y estéticas que a necesidades de salud vital.

Según el estudio, la lógica que ha guiado históricamente estas intervenciones está vinculada al binarismo sexual y a una visión coitocéntrica de la funcionalidad. Es decir, se modifican genitales sanos para que se ajusten a lo que la medicina y la sociedad consideran una anatomía adecuada para la penetración heterosexual, la reproducción o los roles tradicionales de género. De este modo, la diversidad corporal se interpreta como un problema clínico y no como una realidad humana.

Consecuencias graves y permanentes

Las consecuencias, señala FELGTBI+, pueden ser graves y permanentes. Las personas entrevistadas relatan dolor crónico, pérdida de sensibilidad sexual, estenosis, incontinencia, cicatrices, esterilidad no elegida y necesidad de nuevas operaciones. A estas secuelas físicas se suman impactos psicológicos profundos: ansiedad, depresión, vergüenza, culpa, dificultades en las relaciones afectivas y sexuales, y una desconfianza duradera hacia el sistema de salud.

El informe describe estas cirugías como una forma de “terapia de conversión corporal” o “biopolítica”: procedimientos que buscan eliminar preventivamente una diferencia corporal para forzar la adecuación de la persona a la norma endosexual —la que presupone que todos los cuerpos deben encajar sin ambigüedad en las categorías tradicionales de hombre o mujer—. En vez de proteger la futura capacidad de decisión de la criatura, se decide sobre su cuerpo desde la infancia.

Otra de las prácticas denunciadas es la “receta del silencio”. Durante décadas, profesionales sanitarios aconsejaron a las familias no explicar a sus hijos e hijas su diagnóstico, sus intervenciones o las particularidades de su cuerpo. Este secretismo, asumido frecuentemente por madres, padres y personas cuidadoras bajo la autoridad médica, ha dejado a muchas personas intersex sin herramientas para comprender su propia historia.

Reclaman transparencia en los historiales clínicos

La vulneración se extiende también al acceso a la documentación clínica. Aunque la Ley de Autonomía del Paciente reconoce el derecho a consultar y obtener copia de la historia médica, algunos testimonios incluidos en el informe afirman haber encontrado expedientes desaparecidos, incompletos o con diagnósticos que no se correspondían con las intervenciones recibidas. Por ello, la Federación reclama acceso transparente a los historiales clínicos, investigación sobre las malas prácticas y mecanismos de reparación para quienes fueron sometidos a procedimientos no consentidos.

La Ley 4/2023 supuso un avance relevante al prohibir las modificaciones genitales no urgentes en menores de doce años y al reconocer expresamente los derechos de las personas intersex. Sin embargo, la FELGTBI+ advierte de que la norma no ha eliminado por sí sola las inercias sanitarias. El informe alerta de que, en situaciones de vulnerabilidad familiar tras el nacimiento, algunos equipos médicos pueden seguir condicionando decisiones mediante discursos alarmistas o apelando a riesgos insuficientemente explicados.

La Federación pide, por tanto, una aplicación efectiva de la ley, con inspecciones y auditorías en hospitales, protocolos vinculantes y formación obligatoria para profesionales de pediatría, endocrinología, ginecología, cirugía y enfermería. La atención debería pasar de un enfoque exclusivamente quirúrgico a equipos multidisciplinares que incluyan psicología, trabajo social, genética, bioética y acompañamiento entre iguales, reclama la organización.

El estudio recuerda que la intersexualidad no es una realidad aislada. Tomando como referencia una estimación del 1,7% de los nacimientos con variaciones en las características sexuales, el informe calcula que más de 35.000 personas intersex habrían nacido en España durante la última década. Aun así, persiste un amplio desconocimiento: solo el 45% de la población LGTBI+ encuestada afirma saber explicar qué significa la “I” de las siglas, mientras que el 85,1% considera necesario aumentar la información sobre esta realidad.

Acoso y otras discriminaciones

La invisibilidad no afecta únicamente al ámbito sanitario. El informe recoge experiencias de acoso escolar, violencia física, interfobia digital, discriminación laboral y exclusión social. También advierte de que la inclusión de la “I” dentro de LGTBI+ no puede ser simbólica ni decorativa: las demandas intersex tienen especificidades propias, relacionadas con la integridad corporal, el consentimiento informado, la despatologización y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.