
A sus 69 años, Ken Robinson ha tenido que volver al mercado laboral para ganarse la vida. Trabaja como conductor para un concesionario de automóviles en el Reino Unido, un empleo que no pensó que iba a necesitar después de retirarse. La razón se remonta a 2010, cuando decidió invertir 119 libras esterlinas (unos 140.000 euros), prácticamente todos sus ahorros para la jubilación, en una habitación de un resort de cinco estrellas en Cabo Verde. 16 años después, el capital sigue sin recuperarse y corre el riesgo de no volver a verlo.
En ese momento, Robinson trabajaba como asesor financiero. Su esposa atravesaba una fase terminal de cáncer de páncreas y, entonces, un amigo que también se dedicaba a la asesoría comenzó a presentarle una propuesta de inversión que describía como sólida: adquirir, a través de su propio fondo de pensiones, una habitación dentro de un complejo turístico de lujo en el archipiélago africano y percibir a cambio una parte de los ingresos generados por el resort.
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“Un amigo me dijo que ese resort en Cabo Verde funcionaría muy bien y que los rendimientos serían elevados”, recuerda Robinson en declaraciones al diario británico The Telegraph. Además, según él, el amigo era muy insistente en que aceptara y, al final, “en octubre le dije: ‘Envíame los formularios’”.
La oferta prometía rendimientos de alrededor del 7% anuales, una vez descontados los gastos. Una cifra que sobre el papel garantizaría ingresos estables durante la jubilación. Convencido, Robinson transfirió los 140.000 euros en octubre de 2010. Tres semanas más tarde, su esposa falleció.
“No era el mejor momento para tomar una decisión de ese tipo”
Ahora, lo que más le pesa a Robinson fue el momento en el que tomó la decisión, ya que “era un momento terrible de mi vida, mi esposa estaba muriendo”. “Desde luego, no era el mejor momento para tomar una decisión de ese tipo”, admite. Como profesional del sector, fue él mismo quien completó toda la documentación de la operación. Los problemas aparecieron poco después de realizar la transferencia porque el resort todavía no estaba terminado. De hecho, tardó tres años más de lo previsto.
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Y, cuando finalmente comenzaron a llegar los primeros pagos, estos apenas llegaban a los 5.500 euros anuales, muy por debajo de lo prometido. La pandemia de covid-19 agravó el escenario al paralizar el turismo en Cabo Verde, y en 2023 la empresa que gestionó la inversión entró en concurso de acreedores, un procedimiento equivalente a un proceso de quiebra supervisado.
Según el propio Robinson, durante los últimos siete años los beneficios generados por la inversión se mantuvieron muy por debajo de lo esperado. Una porción considerable de los ingresos se destina a cubrir costes de gestión, gastos del resort y campañas de publicidad, lo que reduce drásticamente lo que llegaba a su bolsillo.
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Con esto, si dependiera únicamente de la pensión estatal, no podría afrontar sus gastos cotidianos, y acabó tomando la decisión de retomar su actividad laboral. “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir, pero ahora tengo este pequeño trabajo. El responsable me ha dado algunos turnos más, así que logro salir adelante”, relata. “Para mi edad, todavía estoy bastante en forma y sano. Espero poder seguir adelante y que todo vaya bien. Gran parte de mi pensión sirve simplemente para cubrir los gastos de la vida cotidiana”.
Vender la habitación, una gestión que se complica
Ahora, la solución sería vender la habitación, pero Robinson nunca ha estado físicamente en Cabo Verde, y realizar la gestión para recuperar el dinero invertido le resulta complicado. La salida más viable sería que una gran cadena hotelera adquiriera todo el complejo, pero según le explicaron, es un escenario poco probable: “Tendré que seguir trabajando hasta que mi pareja empiece a recibir la pensión, dentro de tres años”, cuenta. Y resume todo lo ocurrido con una frase: “Simplemente fue un mal consejo”.
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Además, su caso no sería aislado. Durante los años en que Cabo Verde se promocionaba como un destino turístico en expansión, cientos de ahorradores británicos habrían colocado parte de sus fondos de jubilación en operaciones de características similares. Algunos de ellos intentaron posteriormente recuperar el dinero mediante recursos legales o solicitudes de indemnización ante las autoridades competentes.
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