La Federación Española de Municipios ‘cobija’ como director de servicios jurídicos con un sueldo de 81.000 euros a un procesado por malversación

Con la actualidad centrada en el adelanto electoral, el grave problema de la vivienda, la crisis migratoria de Ceuta y otros casos de corrupción que copan los titulares (véase ‘caso Leire Díez’), la Audiencia Nacional juzga estos días una de las piezas del ‘Caso Lezo’, las supuestas irregularidades en la compra que en el año 2001 hizo el Canal de Isabel II (la mayor empresa pública de Madrid) cuando quiso expandirse en Suramérica. El Canal, bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, compro la sociedad colombiana Inassa con un sobreprecio millonario. Una veintena de personas se sientan en el banquillo de los acusados, los más importantes dos ex consejeros de Gallardón: Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. El ex presidente madrileño solo ha declarado como testigo.

Pero entre las caras menos conocidas está la de Franscisco Díaz Latorre, actual director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la asociación de entidades locales más importante de España. En esencia, es el organismo que agrupa y representa a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares ante el Gobierno central y otras instituciones. Actualmente la presidenta es María José García-Pelayo, alcaldesa popular de Jerez de la Frontera. Llama la atención que le FEMP, que tiene cuatro direcciones generales, “siga manteniendo en un cargo tan importante, como el de los servicios jurídicos, a un procesado por corrupción, concretamente por malversación”, coinciden tres fuentes distintas de la FEMP, que distribuye sus órganos de Gobierno entre un Pleno, un Consejo Territorial y una Junta de Gobierno.

Un portavoz de la FEMP reconoce que la entidad “conoce esta situación” porque lo comunicó el propio Díaz Latorre, pero que “nada tiene que ver este proceso judicial con su desempeño actual en la Federación. Somos respetuosos en este sentido”. En cuanto a su retribución actual, el mismo portavoz asegura que no están obligados a comunicarlo porque “somos una especie de organismo semi-púbico”. En su portal de transparencia, no obstante, la FEMP revela que en 2024 gastó 7,2 millones de salarios. El salario de un director general, según datos de 2022, es de 80.890,62 euros brutos anuales. Desde diciembre de 2023 tambiés es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos a petición de la FEMP. Su mandato es cuatro años. “No nos consta que haya comunicado nada en relación con su situación procesal”, asegura un portavoz de la Agencia.

La vista que actualmente se celebra en la Audiencia Nacional intenta dilucidar si hubo malversación cuando el Canal pagó 73 millones de dólares en 2021 para compar la empresa Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA), iniciando así su expansión por el otro lado del Atlántico. La Fiscalía cree que la compra se ejecutó de forma irregular con un “sobreprecio indebido” de entre 23 y 35 millones de dólares cargo a fondos públicos y “en beneficio exclusivo de los vendedores”. De hecho, en la operación aparecieron empresas intermediarias en Panamá. Anticorrupción, no obstante, ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento. El sumario se abrió hace una década y el posible castigo que ahora se plantea, por tanto, baja a cuatro años y medio de prisión.

Hijo de un amigo de Fraga

Díaz Latorre formaba entonces parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que autorizó esta compra en noviembre de 2001. Está acusado de malversación de caudales públicos. Díaz Latorre lleva al menos 15 años en la Federación como responsable de sus servicios jurídicos. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario de carrera, Técnico de Administración General desde el año 1992. “Se sacó la plaza en Villaviciosa de Odón. Es de toda la vida del partido, desde Nuevas Generaciones. Su padre era miy amigo de Fraga”, destaca un ex alto dirigente del Gobierno de Gallardón que le conoce muy bien.

También formó parte del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, cuando el alcalde era Arturo González Panero, condenado a 36 años de cárcel por el ‘caso Gürtel¡. En ese periodo, según publicó el diario ‘El Plural’, Díaz Latorre fue condenado con más de 4.000 euros de multa por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Una pareja de la Guardia Civil le encontró al volante con “claros síntomas de embriaguez, ojos vidriosos, halitosis alcohólica, daba tumbos y apenas podía hablar”. Incluso, “intentó irse del lugar de los hechos”, según declaró uno de los agentes en los juzgados de Móstoles. De Boadilla pasó a Algete, donde fue gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de este municipio madrileño.