
Doce de los trece anuncios inmobiliarios que simulaban proceder de particulares pertenecían en realidad a empresas, según una investigación realizada por la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (Acurema) y el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que han denunciado a dos inmobiliarias y a un grupo inversor por presunta publicidad engañosa.
Las tres entidades han recurrido a la técnica del ‘mystery shopping’ para averiguar quién estaba detrás de los panfletos anónimos de compra y venta de viviendas que aparecen habitualmente en buzones, portales y parabrisas de vehículos. De los 13 anuncios estudiados, 11 correspondían a agencias inmobiliarias y otro a un grupo inversor. Solo uno procedía realmente de un particular.
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Desde CAES, su portavoz, Javier Rubio, califica estas prácticas como “la punta del iceberg” de lo que considera actividades abusivas en el sector inmobiliario. Rubio denuncia la “falta de control y agresividad” con la que, en su opinión, se opera en determinadas partes del mercado de la vivienda.
Los anuncios ocultan el nombre de las empresas
La investigación apunta a una estrategia para captar viviendas aparentando una operación entre particulares. Según las organizaciones, los anuncios no identifican a la empresa responsable de su difusión, algo que consideran contrario a la normativa de protección de los consumidores. Las entidades sostienen además que esta forma de publicidad podría entrar en conflicto con la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad.
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Los panfletos, según la investigación, recurren deliberadamente a una estética informal. Algunos están escritos a mano o utilizan mensajes que pretenden transmitir que detrás del anuncio hay una persona particular que necesita comprar o vender una vivienda con cierta urgencia. El objetivo sería generar una relación de confianza con el propietario antes de iniciar la operación inmobiliaria.
El mercado de la vivienda en España se enfrenta a una situación compleja: aunque la demanda de compradores se mantiene, la escasez de oferta está provocando una caída en las operaciones de compraventa y un aumento de los precios. Este vídeo analiza las causas y consecuencias de esta paradoja inmobiliaria.
Las organizaciones denuncian también el uso de mensajes basados en la urgencia y la oportunidad. En algunos casos, aseguran, los anuncios recurren a historias personales destinadas a despertar empatía y facilitar el contacto con los propietarios.
Ante estas conclusiones, CECU, Acurema y CAES han presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. Las tres organizaciones reclaman que la Administración investigue la práctica y determine si los anuncios vulneran la normativa vigente.
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Operaciones inmobiliarias de carácter especulativo
“No se puede permitir” que las empresas utilicen estas técnicas para captar viviendas, sostiene Eloy Gutiérrez, experto en vivienda de CECU. A su juicio, estas prácticas se aprovechan especialmente de personas que no utilizan las plataformas digitales habituales para comprar o vender una vivienda. Gutiérrez considera además que este tipo de captación forma parte de operaciones inmobiliarias de carácter especulativo que deberían ser prohibidas.
La portavoz de Acurema, Marta Mateos, enmarca esta denuncia en una serie de actuaciones que las organizaciones de consumidores vienen impulsando contra inmobiliarias y fondos de inversión. Asegura que se trata de “solo la última de una larga lista de denuncias” por prácticas que consideran abusivas, especialmente en un contexto de creciente dificultad para acceder a una vivienda.
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Mateos reclama a la Comunidad de Madrid que investigue estos anuncios y otras prácticas que las asociaciones consideran perjudiciales para los consumidores. Las organizaciones esperan ahora que la Administración determine si existe infracción y, en su caso, adopte las medidas correspondientes.
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