Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

Carles Puigdemont ha afirmado este martes que la retirada de la orden nacional de busca, captura y detención en su contra supone “una clara derrota de los poderes públicos” que, según sostiene, impiden aplicar la ley de Amnistía. También atribuye ese revés a Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno sostuviera públicamente que el dirigente catalán debía ser juzgado en España.

El expresidente de la Generalitat ha evitado confirmar si regresará a España en una declaración institucional pronunciada este martes desde Waterloo, Bélgica. El dirigente de Junts ha sostenido que la decisión pone fin a una etapa de “represión política”.

La resolución del Constitucional avala la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación de los dirigentes del procés y obliga al Supremo a ajustar sus decisiones al fallo.

La amnistía no resuelve el conflicto político

“La decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido o han demorado la aplicación de la ley de Amnistía por razones estrictamente políticas. Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley vigente desde hace dos años y cuatro meses. Hasta aquí ha llegado la orden dada por Aznar de poner palos en las ruedas. ‘El que pueda hacer, que haga’ ya no da para más.”

El líder de Junts ha rechazado que el pronunciamiento judicial resuelva el conflicto político entre Cataluña y el resto de España. “La amnistía forma parte de la fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Catalunya y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución”, ha afirmado.

Durante su comparecencia en la llamada Casa de la República, junto a Comín y Puig, ha reivindicado el “carácter irrenunciable del derecho a la autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico” cuando se hayan agotado las vías de solución negociada.

Puigdemont ha defendido los resultados de la estrategia iniciada hace nueve años y ha presentado la salida a Bélgica como una actuación para proteger las instituciones. “No fuimos al exilio a defender nuestros partidos políticos, sino las instituciones amenazadas por el 155 y por la represión política y policial”.

El expresidente ha asegurado que la situación ha tenido consecuencias para los proyectos políticos de los dirigentes independentistas que permanecieron en el extranjero. Ha señalado que no pudieron ocupar escaños y que afrontaron campañas en una “grave anormalidad”, circunstancias a las que ha atribuido efectos electorales.

También ha subrayado la dimensión personal de la decisión judicial para sus familias, amigos y voluntarios. Según ha explicado, esas personas les proporcionaron una seguridad que, a su juicio, ni el Estado ni la Generalitat les aportaron.

El regreso, sin fecha definida

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, por siete votos frente a cinco, el recurso de amparo de la exconsejera catalana Dolors Bassa y ha ordenado que el Tribunal Supremo dicte con carácter preferente y urgente una nueva resolución que declare amnistiado el delito de malversación.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto de forma inmediata la orden nacional de busca, captura y detención de Puigdemont. El expresidente catalán ha dicho que él y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig regresarán “de la misma manera”, aunque no ha concretado la fecha de ese retorno.

Puigdemont llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.

Desde entonces permanecía fuera de España, salvo por su breve aparición en Barcelona en agosto de 2024, cuando intervino cerca del Parlamento de Cataluña durante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.