Quedaban para pegar a las mujeres y luego denunciarlo: detenido un grupo que acordaba violencia machista para obtener el permiso de residencia y prestaciones sociales

La Fiscalía de Almería pide ocho años y seis meses de cárcel para A.F., señalado como el ideólogo de una trama que simulaba agresiones en el ámbito de la violencia de género para facilitar permisos de residencia y el acceso a prestaciones sociales.

La acusación alcanza a 30 personas. Además del principal investigado, incluye a 13 hombres que habrían representado el papel de agresores y a 16 mujeres que figuraban como víctimas. La Fiscalía de Almería sostiene que el grupo actuó entre 2017 y 2019 y que el plan también involucró a otra persona identificada que no ha sido localizada. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional para cuatro investigados cuya participación no quedó acreditada.

Según la información a la que tuvo acceso EFE, la organización cobraba hasta 4.500 euros por gestionar el circuito que permitía a mujeres en situación irregular obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

El procedimiento comenzaba con encuentros acordados en espacios públicos de Roquetas de Mar, Almería, El Ejido y Vícar. Allí, las mujeres se reunían con hombres reclutados para agredirlas físicamente y provocarles lesiones reales. Después de esos episodios, las supuestas víctimas presentaban denuncias ante la Guardia Civil o en juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer. En esas declaraciones, afirmaban que los agresores eran sus parejas sentimentales.

Los hombres reconocían los hechos de inmediato. Ese paso permitía que los procedimientos terminaran con rapidez mediante sentencias condenatorias de conformidad por lesiones en el ámbito de la violencia de género. Con esas resoluciones judiciales, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería. La documentación les permitía solicitar su regularización en España durante períodos de cinco años. La acusación indica que quienes participaron como falsos agresores sabían que su conducta serviría para obtener la residencia legal. No obstante, no conocían que algunas de las mujeres también reclamarían ayudas públicas.

Nueve acusadas habrían recibido prestaciones públicas

Nueve de las 16 mujeres utilizaron las sentencias para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción, gestionado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades atribuidas a cada una oscilan entre 2.000 y 6.000 euros. El expediente con mayor perjuicio económico corresponde a una acusada que obtuvo un empleo tras lograr la residencia por esa vía. Según la Fiscalía, recibió 7.501,79 euros por incapacidad temporal y otros 4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor.

El fiscal reclama que A.F. responda de forma solidaria junto con cada una de las nueve receptoras de prestaciones. La pretensión busca reintegrar a la Seguridad Social más de 46.000 euros que habrían sido defraudados.

Para los 13 hombres acusados de ejercer como agresores, la Fiscalía solicita nueve meses de prisión para cada uno. La petición se fundamenta en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las 16 mujeres se enfrentan a una petición de tres años y nueve meses de cárcel por falso testimonio. La acusación considera que declararon de manera fraudulenta para obtener resoluciones judiciales favorables.

La causa describe una operativa en la que las denuncias, las condenas de conformidad y los trámites administrativos formaban parte de una misma secuencia. La Fiscalía sostiene que ese mecanismo permitió obtener beneficios migratorios y económicos mediante hechos simulados.

Con información de EFE