Almeida exige a la Delegación del Gobierno en Madrid que disuelva la acampada en Sol: dice que hay un uso inadecuado de toldos y farolas

El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a la petición de Isabel Díaz Ayuso y ha formulado este martes un requerimiento formal a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la capital, para que adopte medidas inmediatas destinadas a disolver la concentración instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. El escrito se ampara en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y constituye un paso previo a eventuales acciones legales contra la Delegación del Gobierno.

El documento detalla el origen de la acampada. El pasado sábado se celebró una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, con un recorrido comunicado entre la Puerta del Sol y la Plaza de las Cortes, a través de la Calle de Alcalá y el Paseo del Prado, en un horario previsto entre las 18:30 y las 22 horas. Minutos antes de las 21 horas, la Policía Municipal detectó que un grupo de unas 200 personas procedentes de la marcha desplegó entre 30 y 40 tiendas de campaña en la plaza, ante lo cual se solicitó en dos ocasiones la intervención del Cuerpo Nacional de Policía a través de la sala de comunicaciones municipal.

Según el relato del Ayuntamiento, en la confluencia de la Plaza de las Cortes con la Calle Duque de Medinaceli, donde el Cuerpo Nacional de Policía mantenía un vallado para proteger el Congreso de los Diputados, una persona con megafonía instó a los manifestantes a dirigirse hacia la Puerta del Sol. Hacia las 21:30 horas, dos grandes grupos de manifestantes, uno procedente de la calle Sevilla y otro de la calle Carretas, confluyeron de manera simultánea en la plaza, lo que alteró el itinerario previsto.

El escrito señala que los recursos municipales observaron entonces la presencia de dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía frente a la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se retiraron a los pocos minutos y no volvieron a aparecer efectivos de ese cuerpo hasta las 3:45 horas de la madrugada, cuando llegó un furgón de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Durante la madrugada del 26 al 27, los mandos de guardia de la Policía Municipal propusieron una actuación conjunta para restablecer la normalidad en el espacio, propuesta que, según el documento, resultó infructuosa porque desde el Cuerpo Nacional de Policía se alegaron instrucciones de tratar la situación como una supuesta ocupación de la vía pública.

El Ayuntamiento niega que se trate de una ocupación espontánea

El texto sostiene que la concentración actual, sin comunicación ni autorización conocida y sin medidas de seguridad, no puede considerarse una ocupación espontánea de la vía pública, ya que responde a una convocatoria reivindicativa de la que existen múltiples pruebas. El Consistorio atribuye a esta situación importantes dificultades para la movilidad en la zona y advierte de un riesgo para la integridad física tanto de las personas acampadas como de quienes circulan por el entorno en caso de un incidente o amenaza.

El requerimiento hace referencia a hechos concretos ocurridos en los días posteriores al inicio de la acampada. Según el documento, se tiene constancia de altercados en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, protagonizados por personas procedentes de la concentración, entre ellos el arrojo de pintura y el ascenso de manifestantes a los balcones del edificio, calificado como bien de interés cultural (BIC). El Ayuntamiento advierte de que estas acciones podrían provocar daños al patrimonio del inmueble, accidentes entre quienes suben a la fachada y la entrada sin autorización en una sede institucional de un gobierno autonómico.

El escrito añade que las personas concentradas realizan un uso inadecuado de elementos urbanos, como toldos y farolas, con el consiguiente riesgo tanto para ellas mismas como para cualquier persona que transite por la zona. También menciona la existencia de varios incidentes violentos dentro de la concentración sin que la Delegación del Gobierno haya intervenido para impedirlos.