El Sindicato de Inquilinas asegura que la acampada sigue adelante y exige que el decreto incluya contratos indefinidos: “La vivienda no puede ser un negocio”

El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió con un contrato de renta antigua durante 71 años en la misma casa en el distrito de Retiro, ha provocado una auténtica sacudida social y ya se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda que atraviesa España. Tras el desalojo del pasado miércoles impulsado por la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró el piso en 2018 y no aceptó negociar un alquiler asequible, se han producido manifestaciones en diferentes puntos del país para reclamar soluciones, aunque la más multitudinaria tuvo lugar este sábado en Madrid, una protesta que ha derivado en una acampada improvisada en la Plaza del Sol, donde permanecen unas 500 personas.

Al Sindicato de Inquilinas no le sorprende la mecha que ha prendido el caso de Maricarmen, pues responde a un problema que cada vez atraviesan más hogares: la escalada sostenida de los precios de compra y alquiler durante los últimos 12 años, la precariedad de los contratos, los desahucios y el auge de los alquileres de temporada y por habitaciones. Por eso, la organización pide al Gobierno central que el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 29 no se limite a impedir los desalojos de personas vulnerables. Reclaman prórrogas obligatorias que, en la práctica, “garanticen contratos de alquiler indefinidos, una regulación de los alquileres por habitaciones, medidas frente a las prácticas vinculadas a fianzas y a desperfectos que no se reparan y límites a las actualizaciones de las rentas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)”.

Por el momento, el sindicato asegura que la permanencia de la acampada en la Puerta del Sol “dependerá de la gente que se vaya sumando y de todo lo que se está generando alrededor”. “Estamos viendo mucha ayuda mutua y también tiene una parte bonita de reivindicación del espacio público que en Madrid nos están quitando”, señala a Infobae Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La elección del lugar, frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, busca además situar la protesta ante las políticas de vivienda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, pues el colectivo sostiene que “la presidenta regional ha adquirido un ático con el dinero de todos mientras no se atienden las necesidades de vivienda de las mayorías”.

Por su parte, Alicia del Río, también portavoz del sindicato, ha asegurado que la acampada “va a seguir adelante” y ha advertido que, si el Gobierno no incluye los contratos indefinidos de alquiler en el denominado ‘decreto Maricarmen’, seguirán “desobedeciendo” y “escalando” la protesta. “Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez: ‘¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30 % de la población que somos inquilinas?”, ha señalado del Río en declaraciones a los medios en la Puerta del Sol.

Para el Sindicato de Inquilinas, estas medidas serían solo un punto de partida para cambiar una lógica que “convierte la vivienda en un bien de mercado”.

“Hay mucha gente que se encuentra en una situación parecida a la de Maricarmen y por eso se siente interpelada por la injusticia del sistema rentista. Tras la crisis inmobiliaria de 2008, los gobiernos optaron por atraer fondos de inversión y capital extranjero, en lugar de proteger a las familias que afrontaban desahucios, porque esos fondos buitre cuentan con ventajas fiscales en España”, como tipos reducidos y exenciones en determinados impuestos, añade De los Santos.

Un sistema que “desprotege al inquilino”

El activista también cuestiona el marco legal vigente, que, a su juicio, deja desprotegidos a los inquilinos. Como ejemplo, cita la falta de una regulación específica para los alquileres por habitaciones y la duración limitada de los contratos, que por regla general se extienden durante cinco años. Frente a ese modelo, defiende contratos indefinidos y menciona el caso de Alemania como referencia.

“La respuesta al desahucio de Maricarmen no es casualidad, es el resultado de decisiones políticas acumuladas durante años. Esta situación se ha ido alimentando desde las instituciones y por eso señalamos a los gobiernos como responsables”, afirma De los Santos. El ‘decreto Maricarmen’ que se prevé aprobar el martes, añade, “es solo ese mínimo, un punto de partida para empezar a cambiar una lógica que trata la vivienda como un negocio, en lugar de garantizarla como un derecho”, concluye.