La Agencia de Vivienda Social de Madrid reactiva el desahucio de una familia vulnerable pese a que la ONU pidió frenarlo: “Solo quieren un alquiler acorde a sus ingresos”

Aunque el número de desahucios ha bajado un 45% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, al registrarse 4.005 lanzamientos, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, miles de personas vulnerables siguen en riesgo de perder su hogar. En muchas ocasiones, ni siquiera las peticiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han logrado frenar estos desalojos, a pesar de la ausencia de alternativas habitacionales o recursos para los afectados.

Uno de los casos más recientes es el de Maricarmen, una mujer de 87 años pendiente de ser desalojada de la vivienda en la que lleva residiendo siete décadas en Madrid. La ONU ha instado al Juzgado a suspender el lanzamiento o, en su defecto, a que el Gobierno le ofrezca una vivienda adecuada para evitar “daños irreparables”, pero de momento la orden de desalojo solo se ha aplazado hasta el 23 de septiembre.

También hay otros como el de Zaira, que vive con sus cuatro hijos -tres de ellos menores de edad- y su marido, con una discapacidad del 65% por problemas de salud mental y esclerosis múltiple, y este viernes 26 de junio se enfrenta a un nuevo intento de desahucio en Madrid sin tener alternativa habitacional. El piso donde reside en el barrio de Vicálvaro junto a su familia desde hace más de 15 años pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid y, en este caso, la ONU también pidió a España que tomara medidas para evitar su desalojo, aunque sin éxito.

En un principio alquilaban una vivienda particular, pero la enfermedad del padre y la falta de ingresos llevaron a la familia a ocupar un piso vacío de la AVS que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “siempre se ha negado a llegar a un acuerdo”, explican a Infobae desde la plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro, y ahora la Comunidad de Madrid ha vuelto a iniciar un proceso de desalojo por la vía penal. La plataforma también explica que, pese a su situación irregular, la familia ha pagado los gastos de la comunidad durante los dos últimos años.

El primer intento de desahucio se produjo en 2019, aunque la presión vecinal y el apoyo de diferentes colectivos sociales lograron aplazarlo. Pasadas unas semanas, sin embargo, el lanzamiento se ejecutó, pero dos días después el matrimonio volvió a ocupar la vivienda junto a sus hijos. Desde la pandemia, al igual que otras muchas familias vulnerables, la de Zaira se benefició del escudo social impulsado por el Gobierno para evitar desalojos sin alternativa habitacional, pero el pasado mes de febrero el Congreso tumbó la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, y ahora vuelve a enfrentarse al riesgo de quedarse en la calle este viernes, en plena crisis habitacional. Con el alquiler medio en Madrid en algo más de 23 euros por metro cuadrado, acceder a otra vivienda resulta inviable para ellos.

Qué dijo la ONU sobre el caso

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU determinó en 2025 que el primer desahucio de esta familia vulneró su derecho a una vivienda adecuada y que las autoridades españolas “no evaluaron el impacto sobre los niños” ni ofrecieron alternativas. El comité recomendó al Estado medidas para evitar que se repitan casos similares, insistiendo en la protección de menores y personas vulnerables como mujeres cuidadoras.

Ahora la decisión de la AVS de reactivar el desalojo “ha caído como una bomba en la familia” de Zaira, aseguran desde Stop Desahucios Vicálvaro. “Clama al cielo que la Comunidad de Madrid quiera utilizar el arma penal de echar a una familia a la calle teniendo una condena de la ONU. No quieren ser okupas, quieren pagar un dinero al mes adecuado a sus ingresos“, concluye la plataforma.