Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

El marco regulatorio califica estos productos de protección personal como herramientas no letales de venta en establecimientos especializados y su uso incorrecto conlleva multas de hasta 30.000 euros

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, expulsó del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por haber mostrado un bote de gas pimienta durante la sesión, calificándolo de "arma".
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Este miércoles la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado a la diputada Ana Vázquez tras exhibir un spray de gas pimienta durante su intervención. La diputada popular portaba este objeto porque, según sus palabras, las mujeres ceutíes lo tienen que llevar encima desde la entrada masiva el pasado mes de junio. Momentos después, la presidenta de la Cámara Baja ha pedido varias veces a Vázquez que saliese de la sala para entregarlo a las autoridades pertinentes ya que el objeto se trata de un arma.

El reglamento español regula el uso de armas y su identificación en el Real Decreto de 1993, en el que se establece que el spray de gas pimienta es un arma. Pero, ¿cómo está clasificado? El régimen jurídico español clasifica los aerosoles defensivos dentro del marco regulatorio de los dispositivos de defensa personal bajo supervisión administrativa. El marco regulatorio en España establece que el uso de gas pimienta constituye un arma no letal autorizada exclusivamente para la legítima defensa si cuenta con la homologación oficial del Ministerio de Sanidad. La legislación impone severos límites a su comercialización, porte y aplicación con el objetivo de prevenir un uso desproporcionado o la generación de daños irreversibles en la salud de las personas.

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La razón por la que los sprays gas pimienta se consideran un arma letal

Primer plano de una mano sosteniendo un bote de gas pimienta de color rojo y blanco con la etiqueta 'PEPPER SPRAY' en un fondo oscuro.
Una persona sostiene un bote de gas pimienta, un producto popular para la autodefensa personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos de gas pimienta o spray de pimienta contienen como principio activo la oleorresina de capsicum (OC), un extracto vegetal derivado del pimiento que actúa como agente irritante químico. Al entrar en contacto con las mucosas oculares, la piel o las vías respiratorias, el compuesto genera blefaroespasmo, inflamación de los tejidos expuestos e intensa sensación de ardor. La función de este producto es provocar una incapacitación temporal del agresor durante un lapso de entre 15 y 30 minutos sin causar secuelas duraderas, motivo por el cual los organismos de seguridad lo catalogan como una herramienta defensiva no letal.

Una mujer con gafas y chaqueta blanca sostiene un pequeño espray negro frente a un micrófono en un parlamento
La diputada Ana Belén Vázquez sostiene un bote de gas pimienta durante su intervención en el Congreso de los Diputados. (Congreso de los Diputados)

Llevar un spray de pimienta en un lugar concurrido o usarlo en una discusión conlleva multas de hasta 30.000 euros y penas de cárcel

Aunque el spray de pimienta esté homologado por Sanidad, no se puede llevar a cualquier sitio. La Ley de Seguridad Ciudadana permite a los agentes de policía confiscar el dispositivo y sancionar al usuario si lo lleva a discotecas, manifestaciones, recintos deportivos o lugares con gran afluencia de público. Las multas por esta infracción grave oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, en función del riesgo que la situación represente para el entorno.

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En el ámbito penal, el Código Penal exige que el uso de este producto responda de forma estricta a la legítima defensa. Esto significa que solo se puede accionar ante una agresión real e inminente, de manera proporcional a la amenaza y siempre que no haya existido una provocación previa. Utilizar el spray en una discusión de tráfico o en un altercado verbal se considera un delito de lesiones o amenazas, lo cual puede deriven en penas de prisión, antecedentes penales y la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima.

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