Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Una cena para unos 400 invitados, un escenario, mesas y servicio de restauración a los pies de la Giralda y varias Administraciones públicas implicadas en la organización y financiación. Lo que ocurrió el pasado 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes, con motivo de la vigésima edición de los Premios Escaparate, ha terminado ahora en los tribunales. Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Sevilla por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación y sostiene que debe investigarse cómo se autorizó la celebración de una gala de iniciativa privada en un espacio sometido a una prohibición específica y por qué distintas Administraciones pusieron fondos, instalaciones y recursos públicos al servicio del evento. La denuncia, presentada el 22 de septiembre y a la que ha tenido acceso Infobae, pide que se abran diligencias previas y se determine quién intervino en las decisiones.

La escena tuvo como telón de fondo uno de los enclaves más reconocibles de Sevilla. La Plaza Virgen de los Reyes, situada junto a la Catedral y la Giralda, acogió la gala de los Premios Escaparate, un evento promovido durante dos décadas por la revista Escaparate. Según recoge el escrito de Iustitia Europa, la celebración fue restringida a invitados y supuso la ocupación material de la plaza con mesas, mobiliario, un escenario y las instalaciones necesarias para ofrecer una cena. Las informaciones publicadas entonces situaron en alrededor de 400 el número de asistentes y el promotor, Mario Niebla, cifró el coste global del acto en unos 150.000 euros.

El problema que plantea la denuncia no es únicamente que se celebrara una cena en la plaza, sino cómo se consiguió la autorización para utilizar ese espacio. Iustitia Europa pone el foco en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico de Sevilla, cuyo artículo 11.1 establece una prohibición específica para la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo en determinados eventos sometidos a esa normativa. El Ayuntamiento, según recuerda el escrito, ha defendido públicamente que la gala podía acogerse a la excepción prevista en el artículo 3.d), destinada a actividades de corta duración o con instalaciones de escasa entidad cuya incidencia sobre el espacio o su entorno pudiera considerarse reducida.

Ahí aparece uno de los elementos centrales de la denuncia: el papel que asumió el Ayuntamiento de Sevilla. La información institucional difundida con motivo de la gala presentó al Consistorio como impulsor y organizador de la ceremonia y la delegada municipal de Turismo explicó posteriormente que fue el propio Ayuntamiento, a través de Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), quien solicitó la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes. Según esa explicación pública, una empresa privada no podía solicitar directamente el uso de ese espacio, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo.

Para Iustitia Europa, esa circunstancia resulta especialmente relevante porque, de acuerdo con su relato, un evento promovido por una empresa privada pasó a contar con la Administración municipal como organizadora o coorganizadora justo cuando se planteaba la utilización de un espacio al que el promotor no podía acceder directamente. La formación considera que debe esclarecerse si esa transformación tuvo una justificación material real o si la incorporación de Contursa permitió proporcionar cobertura administrativa a la ocupación de la plaza. El propio promotor, Mario Niebla, declaró a El País que, con motivo del vigésimo aniversario, el Ayuntamiento había querido convertirse en promotor de los premios.

36.058 euros de financiación pública

La otra pata de la polémica está en el dinero público. El Ayuntamiento de Sevilla aportó, según consta en la denuncia, 14.900 euros más IVA, hasta alcanzar 18.029 euros, para la celebración. En años anteriores, la financiación municipal de los Premios Escaparate se habría articulado mediante contratos menores de patrocinio por esa misma cuantía, mientras que en 2026, coincidiendo con la asunción de la condición de coorganizador, se utilizó un convenio.

A esa cantidad se sumaron otros 14.900 euros más IVA aportados por la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, también 18.029 euros, mediante un contrato menor de patrocinio. La financiación pública conocida de ambas Administraciones ascendió así a 36.058 euros. El patrocinio autonómico correspondió al ámbito de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox. El presidente andaluz, Juanma Moreno, asistió además a la gala, según recoge su agenda institucional.

La denuncia amplía la lupa más allá de esta edición. Según la documentación citada por Iustitia Europa, la Junta de Andalucía ya habría adjudicado contratos de patrocinio relacionados con los Premios Escaparate en 2023, 2025 y 2026, por un importe conjunto aproximado de 44.000 euros. El escrito destaca especialmente que el contrato correspondiente a 2023 se publicó oficialmente el 27 de septiembre, cinco días después de que se celebrara aquella gala, el 22 de septiembre. También recuerda que una pregunta registrada en el Parlamento andaluz reclamó información sobre las cantidades destinadas al evento, las partidas presupuestarias, los contratos y patrocinios y la existencia o no de concurrencia competitiva.

La Diputación Provincial de Sevilla aparece igualmente en la reconstrucción. Inicialmente se informó de que había facilitado instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo para que fueran utilizadas como camerinos y aseos por los músicos. Posteriormente, el propio Mario Niebla explicó que el presidente de la Diputación, Javier Fernández, le había remitido un contrato para permitir la utilización de dependencias de la Casa de la Provincia como camerino de los artistas. Según el promotor, finalmente no aceptó ese contrato. Iustitia Europa pide que se determine la existencia, contenido, fecha y eventual ejecución de ese documento.

La denuncia pide investigar toda la cadena administrativa

El partido no dirige inicialmente la denuncia contra una persona concreta, sino contra quienes resulten responsables de las decisiones, resoluciones, contrataciones, convenios, autorizaciones, disposiciones de fondos públicos y puesta a disposición de bienes y recursos públicos relacionados con la gala. El escrito sitúa en la misma secuencia al Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial, y deja abierta la posibilidad de que durante una eventual instrucción aparezcan otras Administraciones, funcionarios, responsables públicos o particulares cuya intervención deba ser examinada.

La principal calificación que plantea Iustitia Europa es la de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. El escrito recuerda que este delito exige una resolución dictada por una autoridad o funcionario en un asunto administrativo que sea objetivamente contraria a Derecho, presente un grado de arbitrariedad superior a una mera irregularidad administrativa y haya sido adoptada con conocimiento de su injusticia. La formación sostiene que, en este caso, habría que analizar de forma conjunta toda la cadena de decisiones que permitió celebrar el evento y no únicamente la resolución final que autorizó la ocupación.

En concreto, la denuncia plantea que debe comprobarse si la incorporación de Contursa como organizadora o coorganizadora respondió a una verdadera función pública o si sirvió para sortear el impedimento que afectaba al promotor privado. También cuestiona la aplicación de la excepción de la ordenanza municipal a una gala que, según las informaciones e imágenes recogidas en el escrito, reunió a cientos de personas y requirió escenario, mesas, restauración y otras infraestructuras.

El escrito introduce además el posible fraccionamiento o reiteración de contrataciones. Iustitia Europa pide que se analicen conjuntamente las relaciones económicas mantenidas durante distintos ejercicios con el mismo evento y su promotor, especialmente cuando algunas cantidades se aproximan al límite establecido para los contratos menores. La denuncia recuerda que el uso del contrato menor es legal, pero que la normativa exige respetar la integridad del objeto contractual y prohíbe alterar o fragmentar artificialmente una prestación para eludir los procedimientos ordinarios.

Por último, la formación plantea que también se examine una posible malversación de caudales públicos. En este punto incluye las aportaciones económicas del Ayuntamiento y Contursa, los patrocinios de la Junta y los recursos, instalaciones, personal o bienes que eventualmente hubiera puesto a disposición la Diputación. La denuncia no da por acreditado que exista ese delito, sino que solicita que se compruebe si los fondos y recursos públicos terminaron sufragando gastos de naturaleza privada sin una contraprestación pública real o mediante prestaciones inexistentes, simuladas o distintas de las contratadas.

Iustitia Europa solicita al Tribunal de Instancia de Sevilla que incoe diligencias previas, determine qué personas intervinieron en las decisiones y establezca, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación.