La comitiva judicial inicia el desahucio de Maricarmen en Madrid: los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años en medio de un amplio despliegue policial

Maricarmen se enfrentaba este miércoles 23 de septiembre a su cuarto intento de desahucio, después de que la presión por parte de los vecinos y las organizaciones sociales consiguieran paralizar los tres anteriores.

Tras una acampada nocturna en la que cientos de personas se reunieron para apoyar a la mujer de 87 años e intentar frenar el desalojo, efectivos de la Policía Nacional se han desplazado a primera hora de la mañana hasta la zona del domicilio con un amplio despliegue de efectivos.

Pasadas las 7 de la mañana, los cuerpos de seguridad han levantado las tiendas de acampada situadas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, que han permanecido allí durante toda la noche. A las 9:30 horas ha llegado la comisión judicial y, aunque el Sindicato de Inquilinas ha tratado de negociar con la jueza, han comenzado a ejecutar el desahucio sobre las 10:45 horas.

Según ha denunciado el sindicato, la Policía Nacional ha expulsado a varios medios de comunicación que se encontraban en primera línea. Además, advierten que se han producido numerosos momentos de tensión por cargas policiales contra los activistas y vecinos.

Los manifestantes han pronunciado otras consignas como “Maricarmen se queda”, “Esta señora podría ser tu abuela”, “No nos vamos, nos quedamos”, “Rentista culpable, Gobierno responsable” o “El pueblo unido jamás vencido”.

“Llevo siete años con una daga detrás de la nuca”

Durante los actos organizados ayer por el Sindicato de Inquilinas frente al domicilio de Maricarmen, la mujer de 87 años, visiblemente afectada por la situación, señaló que este prolongado litigio inmobiliario ha hecho mella tanto en su salud física como psicológica: “No es fácil, llevo siete años con una daga detrás de la nuca”.

Maricarmen, con un 50 % de discapacidad reconocida, lleva viviendo en la calle Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, desde 1956. La ONU pidió hace unos meses que se paralizara el desahucio y que se le ofreciera una alternativa, pero de nada ha servido. El fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró el piso en 2018, no ha cedido y, de hecho, alega que el contrato se subrogó dos veces y que, por tanto, es ilegal. Era un contrato de renta antigua firmado en 1956 y, una vez que su padre falleció, se le subrogó a la madre y al morir esta, la titularidad pasó a Maricarmen.

“La jueza ha ordenado que se ejecute [el lanzamiento] y por eso nos están tratando así, pero hay que seguir presionando para frenarlo”, ha apuntado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que también ha señalado que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han dado ninguna solución a Maricarmen más que una residencia en otro municipio que no puede pagar.

Del Río ha indicado que han pedido un equipo de Samur Social, pero no saben dónde irá Maricarmen, aunque no descartan que tenga que ser asistida por los servicios médicos y trasladada a un hospital porque “está en un estado de salud terrible y su ansiedad está empeorando por momentos”.