La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación del campamento de migrantes habilitado en el puerto de Ceuta, y ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que remita los expedientes administrativos completos sobre esta instalación en un plazo improrrogable de veinte días. La decisión llega apenas unos días después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazara la medida cautelarísima con la que el sindicato pretendía frenar de forma inmediata la puesta en marcha del dispositivo.

Según consta en el decreto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el tribunal precisa que, si existieran documentos declarados confidenciales dentro de ese expediente, estos deberán permanecer en depósito de la Administración, aunque siempre “a plena disposición del tribunal”. La admisión a trámite no implica, en ningún caso, un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Mientras la Sala estudia el fondo del recurso, el Ejecutivo no ha paralizado su plan. El pasado jueves, la Audiencia Nacional ya había denegado la petición urgente del sindicato, y al día siguiente el Gobierno procedió al traslado de 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el nuevo centro temporal instalado en la zona portuaria. El campamento ocupa unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del puerto ceutí.

El SUP exige conocer los protocolos de seguridad del dispositivo

Una vez operativo el centro, el sindicato ha insistido en su intención de fiscalizar el funcionamiento del recinto. En un comunicado, el SUP ha reiterado los riesgos de seguridad que, a su juicio, puede acarrear este dispositivo de acogida, y ha recordado que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó en un primer momento esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto. Esa posición cambió después, cuando Puertos del Estado emitió un informe favorable por razones de interés general.

El sindicato ha anunciado que reclamará “conocer y fiscalizar” las evaluaciones de riesgos, los protocolos, los efectivos y los medios previstos para garantizar la seguridad de los agentes destinados a “un entorno especialmente sensible”. “Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros”, remarcaba la organización en la nota remitida.

El procedimiento judicial arrancó el 15 de septiembre, cuando el SUP presentó recurso contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del 5 de septiembre, que autorizaba el uso de los 16.000 metros cuadrados portuarios para instalar el dispositivo temporal. El sindicato pidió entonces que el tribunal actuara mediante medidas cautelarísimas, es decir, sin dar audiencia previa a la Administración, y que se suspendiera de inmediato la ejecución de esa resolución.

En concreto, la petición buscaba detener cualquier ocupación, ampliación, instalación o puesta en funcionamiento del dispositivo hasta que quedaran acreditadas las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. De forma subsidiaria, para el caso de que el campamento ya estuviera parcialmente instalado, el sindicato solicitaba paralizar cualquier ampliación de capacidad, la ocupación de nuevas parcelas y el traslado de nuevas personas al recinto. También pedía acceso a la documentación técnica: la resolución autorizante, el título jurídico habilitante, el informe de compatibilidad portuaria, los planes de protección del puerto y la evaluación de riesgos laborales de los policías asignados.

La Audiencia intervino primero el miércoles para requerir el expediente

Antes de resolver sobre la medida cautelar, la Audiencia Nacional ya había actuado el miércoles previo, cuando requirió al Ministerio de Transportes que remitiera con urgencia la resolución y el resto de la documentación. Hasta que se pronunciara sobre esa petición, el tribunal indicó a la Administración que no podía ejecutar la orden recurrida. El expediente llegó a la Sala ese mismo día e incluía, entre otros documentos, la resolución del 5 de septiembre y un informe de Puertos del Estado.

El jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición urgente del sindicato pese a admitir que existía una situación de especial urgencia por la inminente ocupación del espacio portuario. Los magistrados concluyeron, sin embargo, que esa circunstancia por sí sola no bastaba para acordar la suspensión solicitada.