Las leyes de discapacidad y dependencia pasan su último trámite en el Congreso: más financiación y nuevos derechos

El Congreso de los Diputados dará el sí definitivo este miércoles a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Los textos vuelven a la Cámara Baja después de su paso por el Senado y, si todo avanza sin sorpresas, saldrá adelante sin los cambios introducidos por el Partido Popular.

La norma supone una mejora en los servicios a los que pueden acceder las personas con discapacidad, además de acortar los trámites administrativos para el reconocimiento de la situación de dependencia. “Es la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación del sistema de protección social en décadas”, valoró el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios.

Las leyes de dependencia y discapacidad se aprobarán, no obstante, sin ninguna de las aportaciones del Senado, después de que el Gobierno vetase las enmiendas incorporadas por el PP y Junts. Tampoco resuelve los problemas del copago de las ayudas que enfrentan los grandes dependientes, como los enfermos de ELA.

Más financiación, derechos y menos burocracia

Entre los principales cambios, la nueva ley de dependencia incorpora una enmienda del PSOE y Sumar para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Así, el Estado se compromete a aportar 50% de los fondos, con una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

Sobre la atención a las personas dependientes, el nuevo texto amplía el concepto de cuidador para reconocer que los cuidados pueden ser prestados por personas pertenecientes al mismo entorno relacional. El Estado asumirá por ley las cotizaciones de las cuidadoras principales, que en su mayoría son mujeres, y garantizará la continuidad de la atención si estas enferman gravemente o son hospitalizadas.

La reforma blinda también la asistencia personal como un servicio que puede ofrecerse tanto dentro como fuera del domicilio, incluyendo, entre otros supuestos, el acompañamiento para hacer la compra o acudir al médico.

Asimismo, se eliminan incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones y se reduce el plazo para concederlas de 6 a 3 meses. Las nuevas leyes suponen, además, un alivio de las cargas burocráticas al permitir el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia. Las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

El texto refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea y reconoce la teleasistencia y la accesibilidad universal como derechos. Esto permitirá a las personas con discapacidad reclamar una accesibilidad adecuada en edificios o servicios públicos y obligará a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para realizar obras en sus edificios, si así lo solicitan las personas residentes. Se prohíbe, asimismo, la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad.

Respecto a las autonomías, se reconoce la atención temprana como derecho subjetivo, de modo que los gobiernos regionales estén obligados a atender a todos los menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.

Críticas al copago de la ELA

Todos estos cambios suponen un avance y una mejora para el sistema de dependencia, según la organización ConEla, “pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, ha recordado su presidente, José Jiménez Aroca.

La actual legislación permite que las comunidades autónomas establezcan un copago a las ayudas de financiación de los cuidados de la esclerosis lateral amiotrófica y varias comunidades, entre ellas Cantabria, Cataluña o Aragón, los han establecido para las rentas más altas. Bustinduy apuesta por el fin de los copagos, pero no da plazos para acabar con ellos. Con la nueva reforma, el objetivo es que el copago “sea cero o lo más cercano a cero en el futuro”, ha expresado en una entrevista con TVE.

Para la Confederación, los cuidados de alta intensidad que requieren las personas con ELA avanzada no pueden tratarse como una prestación social ordinaria. En las fases avanzadas de la enfermedad, deben ser considerados y financiados como una prestación de naturaleza sanitaria, es decir, sin copago para la persona afectada ni para su familia. “La Ley ELA nació del consenso y de la voluntad de dar una respuesta excepcional a situaciones excepcionales. Nuestro objetivo sigue siendo que ese principio se traduzca plenamente en la vida diaria de las personas afectadas y de sus familias”, concluye José Jiménez.