La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la causa abierta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, según información de EFE. Las diligencias pasarán a la magistrada María Tardón, que ya dirige la investigación sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos registrada los días 30 y 31 de julio.

El juzgado ceutí ha adoptado esta decisión tras la petición de la instructora de la Audiencia Nacional y el informe favorable de la Fiscalía. La magistrada había planteado que las actuaciones sobre la gestión del delegado del Gobierno podían formar parte del mismo procedimiento que investiga el origen, el desarrollo y las consecuencias de la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma.

La inhibición no supone que exista una resolución sobre la responsabilidad penal del delegado del Gobierno. La decisión concentra las actuaciones en el órgano judicial que dirige Tardón, que deberá decidir sobre las diligencias solicitadas y el recorrido de la investigación.

La causa abierta en Ceuta partió de una denuncia de Manos Limpias, a la que se sumaron después querellas de Vox y Hazte Oír. Los denunciantes atribuyen a Pérez Triano presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

La causa también examinará la actuación de las autoridades españolas

La causa que instruye la jueza María Tardón no se limita al origen de la entrada masiva de migrantes ni a lo ocurrido en el lado marroquí de la frontera. La magistrada asumió la competencia sobre el caso al considerar que los hechos debían examinarse como un fenómeno único, con efectos que se prolongaron en territorio español.

En su resolución, Tardón ordenaba investigar “todas las actuaciones desarrolladas en territorio español” en relación con la entrada masiva. Esto incluye la respuesta de las autoridades ante los avisos que recibieron antes de los hechos y los medios que se desplegaron en la frontera. La magistrada se refirió también a la “articulación de adecuados medios de respuesta”, una mención que sitúa bajo examen las decisiones adoptadas por las administraciones españolas antes y durante la entrada masiva.

Ese es el marco en el que se investigará la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Las diligencias buscan determinar qué información recibió antes de los hechos y qué decisiones se tomaron desde la Delegación del Gobierno. Por el momento no se ha establecido si conoció personalmente los avisos ni si estos llegaron a los responsables de la frontera.

Una alerta del CNI, en el centro

Entre los documentos incorporados al procedimiento figura una comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), emitida el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. El aviso advertía de posibles intentos de acceso informal a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono de Marruecos, después de que se detectaran llamamientos difundidos en redes sociales. El CNI remitió, además, una “previsión de un riesgo extremo para un escenario de entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada” dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Los informes policiales incorporados al expediente insisten en que el análisis no puede limitarse a lo sucedido en territorio marroquí. De acuerdo con esos documentos, las consecuencias de una entrada masiva pueden verse “amplificadas o mitigadas por la articulación de adecuados elementos de respuesta en territorio español”.

Sobre esa base, la Audiencia Nacional deberá resolver las diligencias solicitadas por Hazte Oír, que pidió la declaración de Pérez Triano, la conservación de correos electrónicos y grabaciones y la incorporación de los atestados policiales. La asociación reclama también las órdenes e instrucciones dirigidas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, junto con el número de agentes desplegados en la zona desde el 1 de agosto.

Entre las diligencias solicitadas figura la declaración como testigo de Gonzalo Sanz, hasta hace poco jefe de gabinete del delegado del Gobierno. Sanz dimitió del cargo después de que se conociera el aviso del CNI. Pérez Triano ha negado tener constancia de los mensajes y de la llamada mantenida entre Sanz y el agente del centro de inteligencia. “No fue nada más que un intercambio de información”, respondió al ser preguntado por el episodio. El delegado ha descartado, de momento, presentar su dimisión.

La versión de Sanz difiere de la ofrecida por su antiguo superior. En el comunicado en el que anunció su salida, sostuvo que el 29 de julio trasladó a Pérez Triano la información que había recibido por escrito del CNI. Atribuyó su renuncia a la “evidente incompatibilidad” entre ambos relatos, mientras que el delegado ha declarado en distintos medios que nunca recibió esos datos.