El reparto de menores migrantes en Ceuta intensifica la bronca política: 25 millones de euros aprobados y tres autonomías ausentes en la reunión de Infancia

La gestión de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio -el Gobierno ha identificado hasta el momento a 2.500, aunque las organizaciones humanitarias elevan la cifra a 4.000- enfrenta de nuevo al Gobierno central y a varias comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27, abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de estos niños, niñas y adolescentes y su posible reubicación, pero las regiones gobernadas por PP y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- han rechazado participar.

La negativa de estas tres regiones, que no están de acuerdo con la propuesta de reparto planteada por el Ejecutivo, se produce pese a que la normativa vigente obliga a todas las regiones a colaborar en la reubicación de menores y en un contexto de especial vulnerabilidad como el actual. Aragón, Castilla y León y Extremadura también plantaron al Ministerio de Infancia en la reunión técnica que se celebró el pasado 13 de agosto.

Al encuentro de este jueves entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia, han confirmado su participación Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra, Canarias y País Vasco, si bien algunas como esta última ya han dicho que colaborarán con el Gobierno central pero con condiciones. Otras gobernadas por el PP como Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia.

El PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que decenas de menores llegados a Ceuta han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que condiciona cualquier discusión sobre el reparto de los menores migrantes a la obtención de datos concretos, también subraya que Marruecos ha exigido a España la devolución de sus menores que cruzaron a Ceuta. “Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, preguntó la semana pasada el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en declaraciones que recoge Europa Press.

“La deportación es ilegal”

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en redes sociales que lo que el Partido Popular plantea “no es reunificación familiar ni retorno, sino una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”.

En esta línea, Rego ha explicado que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, subrayó que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.

Reforma de la Ley de Extranjería

El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes no acompañados se intensificó tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, aprobada el pasado mes de abril, introduce un sistema obligatorio que redistribuye a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan su capacidad de acogida. El mecanismo, que fija las cuotas según población, renta y nivel de desempleo de cada autonomía, ha sido rechazado por varias regiones gobernadas por el PP, que han recurrido a los tribunales al considerar que el modelo impone criterios obligatorios sin garantizar los recursos necesarios ni transparencia en los datos.

Vox, por otro lado, sostiene una postura aún más estricta y exigen la devolución de los menores a sus países de origen. “Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado los consejeros del partido de Santiago Abascal.

“Deben quedar fuera de la pelea política”

El rechazo de algunas autonomías a acoger a los menores migrantes que permanecen en Ceuta preocupa especialmente a organizaciones como Amnistía Internacional, que urge a todas las regiones a facilitar la reubicación “en cumplimiento del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo”, que regula su acogida y traslado en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. “La acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central. Los niños y niñas no acompañados tienen que quedar fuera de la pelea política y las autoridades deben garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos”, indica la organización.

Esta situación se produce, además, en un momento en el que el Gobierno central y el de Ceuta trabajan en el traslado urgente de unas 500 menores a la Península, “sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”. Esta medida incluye el mencionado real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”. Entre ellas, se aborda “una vía” para que las organizaciones de protección a la infancia “desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península”, sin que las regiones asuman la tutela.

Son precisamente las niñas y adolescentes solas y sin acceso a sistemas de protección quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación o ser víctimas de trata. Además, según ha informado la Cadena Ser, aún hay unas 300 niñas en las instalaciones improvisadas que montaron algunas asociaciones vecinales desde casi el inicio de la crisis para ofrecerles ayuda y protección.

Financiar gastos de atención y acogida

La partida de 25 millones de euros que ya ha aprobado el Consejo de Ministros transferir a Ceuta para la atención de los menores migrantes se someterá a votación este jueves en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Según ha explicado el departamento liderado por Rego, con este crédito la ciudad autónoma podrá financiar todos aquellos gastos de atención inmediata y acogida de los menores, como las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar.

También podrán sufragarse gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado a garantizar la adecuada atención e integración de las personas migrantes no acompañadas menores de edad.