Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

El anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que el Partido Popular prepara una ley para retirar la nacionalidad española a extranjeros nacionalizados que incurran en delitos graves abre un debate que Francia reguló hace décadas para casos acotados, entre ellos los vinculados al terrorismo. El modelo francés exige que la persona haya adquirido la ciudadanía y conserve otra nacionalidad, de modo que la medida no la deje apátrida.

Feijóo ha planteado este martes, 15 de septiembre, que la futura proposición de ley orgánica alcance a quienes pertenezcan a bandas terroristas o criminales, y a reincidentes en delitos como violaciones, abusos sexuales o asesinatos. El líder del PP ha sostenido que la nacionalidad supone un vínculo de confianza con el Estado y que debe poder retirarse cuando ese vínculo se quiebra.

El sistema francés ofrece uno de los antecedentes europeos más citados en este debate, aunque su alcance es distinto. La legislación del país permite la pérdida de nacionalidad para quienes la adquirieron y cuentan con una segunda ciudadanía, dentro de un listado cerrado de supuestos. Entre ellos figuran los delitos contra los intereses fundamentales del Estado y los actos de terrorismo.

Cinco antecedentes en Francia

El precedente más cercano se produjo en Francia. El 7 de octubre de 2015, el Gobierno retiró la nacionalidad a cinco hombres con doble ciudadanía, cuatro marroquíes y un turco, que habían sido condenados por participación en una asociación de malhechores con fines terroristas. Los decretos se dictaron durante la presidencia de François Hollande y el Gobierno de Manuel Valls, cuando Bernard Cazeneuve ocupaba el Ministerio del Interior. El Consejo de Estado francés rechazó el 8 de junio de 2016 los recursos contra los cinco decretos y consideró que la medida no era desproporcionada por la naturaleza y gravedad de los hechos.

Los cinco habían sido juzgados en París por actividades desarrolladas entre 1995 y 2004 en apoyo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), una organización próxima a la Salafiya Jihadia y vinculada a los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003. La justicia francesa concluyó que los acusados habían aportado apoyo financiero y logístico al grupo, mediante negocios que respaldaban su actividad, alojamiento clandestino de integrantes y la obtención de pasaportes para facilitar desplazamientos tras su falsificación.

Las condenas fueron de entre seis y ocho años de prisión. Bachir Ghoumid recibió una pena de siete años; Fouad Charouali y Rachid Aït El Haj, de ocho años; mientras que Attila Turk y Redouane Aberbri fueron condenados a seis años. Ghoumid, Charouali, Aberbri y Aït El Haj conservaban la nacionalidad marroquí; Turk, la turca. Esa segunda ciudadanía permitió que Francia aplicara la pérdida de nacionalidad sin dejarles en situación de apatridia.

El caso de Rachid Aït El Haj tuvo un recorrido posterior. Francia lo expulsó a Marruecos el 30 de marzo de 2024, casi nueve años después de que perdiera la nacionalidad francesa. Su deportación mostró que la retirada de ciudadanía no implicaba por sí sola una expulsión automática del país, ya que esta última decisión requirió un procedimiento distinto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó los recursos de Ghoumid, Charouali, Turk, Aberbri y Aït El Haj en la sentencia Ghoumid y otros contra Francia, publicada el 25 de junio de 2020. El tribunal determinó por unanimidad que no hubo vulneración del derecho a la vida privada, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni del principio que prohíbe juzgar o sancionar dos veces por los mismos hechos.

La corte europea consideró relevante que los cinco afectados conservaran otra nacionalidad y que la pérdida de ciudadanía no conllevara de forma automática una expulsión de Francia. También avaló la calificación de la medida como sanción administrativa, y no penal, aunque constató que los afectados recibieron una notificación previa, pudieron presentar alegaciones y tuvieron acceso a revisión judicial.

El caso de Ahmed Sahnouni

Antes de que el TEDH resolviera los recursos de los cinco condenados, la normativa francesa había sido cuestionada por Ahmed Sahnouni, un ciudadano con nacionalidad francesa y marroquí condenado a siete años de prisión por terrorismo. Su caso llegó al Consejo Constitucional francés, que el 23 de enero de 2015 declaró conforme a la Constitución el mecanismo de pérdida de nacionalidad por actos terroristas.

Sahnouni alegó que la norma establecía una diferencia de trato respecto de los franceses que poseen la nacionalidad desde su nacimiento. El Consejo Constitucional sostuvo que el legislador podía prever esa sanción para personas que adquirieron la ciudadanía francesa, siempre que se respetaran los límites fijados por la ley y no se generara apatridia.

La posibilidad de retirar la nacionalidad ya existía en Francia desde antes de esta controversia. El Consejo de Estado sitúa su origen en la ley de nacionalidad de 10 de agosto de 1927 y en un decreto ley de 12 de noviembre de 1938. La inclusión expresa de los delitos de terrorismo fue validada por el Consejo Constitucional en 1996, y una ley de 2006 amplió de 10 a 15 años los plazos aplicables a esos delitos.

Los límites legales de Francia

Los artículos 25 y 25-1 del Código Civil francés permiten retirar la nacionalidad a quien la adquirió, siempre que también posea otra. La decisión se adopta mediante decreto, tras un dictamen conforme del Consejo de Estado, y no puede dejar a la persona sin ciudadanía.

Para los casos de terrorismo, los hechos deben haberse cometido antes de obtener la nacionalidad francesa o dentro de los 15 años posteriores a su adquisición. La pérdida de ciudadanía, además, debe dictarse dentro de los 15 años siguientes a los hechos. Para otros supuestos previstos en la ley, el plazo es de 10 años.

La propuesta anunciada por Feijóo no ha concretado todavía su articulado, sus plazos ni el procedimiento administrativo o judicial que aplicaría España. El PP sí ha avanzado que pretende regular tanto la concesión como el mantenimiento y la eventual pérdida de la nacionalidad, con los supuestos de retirada definidos en una futura proposición de ley orgánica.