
Un Airbus A321 de Aeroflot permanece inmovilizado desde el 27 de febrero de 2022 en el aeropuerto de Ginebra, cuando el espacio aéreo europeo cerró sus puertas a las compañías rusas. El resultado ha dejado a la aeronave más de cuatro años y medio varada, dejando costes millonarios y un deterioro que impide que vuelva a volar.
El avión, con matrícula VP-BOE, aterrizó poco antes de las 15:00 horas de aquel domingo, tres días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. La escala debía ser breve: tras el desembarco de los pasajeros, la limpieza y el embarque de nuevos viajeros y equipajes, el vuelo tenía previsto continuar hacia Moscú aproximadamente una hora después, como informa Corriere della Sera.
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Sin embargo, ese despegue no ocurrió. La Unión Europea anunció entonces la prohibición inmediata de vuelos de aeronaves operadas, registradas o controladas por aerolíneas rusas. Desde entonces, el Airbus gris, azul y rojo de Aeroflot se convirtió en una presencia permanente en las inmediaciones de la pista 22. El personal aeroportuario lo desplaza en ocasiones para habilitar espacio a aviones estatales en una terminal con capacidad limitada, pero no puede intervenir en el aparato sin una autorización judicial.

El A321 tiene combustible y alimentos desde febrero de 2022
La situación del avión se ha agravado con el paso del tiempo. Y es que, al no poder acceder dentro de la aeronave, el queroseno y la comida a bordo continúan dentro. De hecho, algunos trabajadores que han estado alrededor del A321 han asegurado que tiene un olor insoportable.
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Además, los neumáticos exteriores están desinflados y ha crecido vegetación entre las grietas del asfalto y las fisuras en la estructura, lo que dificulta notablemente su movimiento. Antes de su último vuelo, el pájaro de metal estaba valorado en 25 millones de euros, pero tras el transcurso del tiempo, lo único que se puede hacer con él sería desguazarlo y vender las piezas que aún puedan funcionar.
Este modelo tenía 170 asientos, 28 de ellos de clase ejecutiva, de acuerdo con la base de datos de Cirium. Aunque era operado por Aeroflot, estaba registrado en Bermudas y pertenecía formalmente a GTLK Europe One Leasing Ltd, una firma de arrendamiento irlandesa y controlada por la rusa GTLK. El avión ha causado un conflicto jurídico y financiero después de que la compañía entrase en un proceso de liquidación al mismo tiempo que continúan los gastos de mantenimiento en el aeropuerto suizo.
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Según lo que señaló Ignace Jeannerat, portavoz del aeropuerto, a Corriere della Sera q estos “ascienden a 984 francos suizos (1044 euros al tipo de cambio actual)” cada 24 horas. Si se hace una suma total, desde el 27 de febrero de 2022 y hasta hoy, el avión completó 1.662 días en tierra, lo que se traduciría en 1.735.128 millones de euros.

Los responsables del aeropuerto no han dado detalles sobre la deuda: “No realizaremos un cálculo exhaustivo de estos costes ni confirmaremos si se ha abonado o no el importe total”, han añadido. Asimismo, han asegurado que “el aeropuerto no participa en ningún proceso de venta final ni en ninguna negociación que pueda llevar a cabo el propietario”.
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La liquidación de GTLK no resuelve el problema
Después de que GTLK se declarase insolvente con una deuda superior a 2.000 millones de dólares, tribunales irlandeses ordenaron liquidar su filial de Dublín en mayo de 2023. Igualmente, designaron a Teneo Restructuring Ireland para localizar y vender activos fuera de Rusia, entre ellos unos 70 aviones y 20 barcos. En teoría, esa firma también debería gestionar la venta del Airbus inmovilizado en Ginebra. Pero hay un obstáculo: la aeronave continúa bajo propiedad formal de una entidad rusa, lo que limita cualquier operación mientras persistan las sanciones.
Por su parte, la Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza ha indicado que, para que el avión pueda salir del país, Airbus debería romper todos sus vínculos con Moscú. A eso se suma un problema técnico: las certificaciones del A321 expiraron y el aparato no recibió el mantenimiento obligatorio durante más de cuatro años. Por lo que, sin una certificación vigente para volar y con su propiedad sometida a restricciones, el avión se quedará fuera de servicio. Su futuro depende de una resolución legal que permita venderlo o desmantelarlo.
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