El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la ley que permitirá recuperar la nacionalidad española a los saharauis que la perdieron en 1977, después de la retirada de España del entonces Sáhara Español, y facilitará el acceso a sus descendientes.
El proyecto ha obtenido el respaldo del Gobierno y sus aliados parlamentarios, la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra de Vox, en una sesión marcada por la crisis migratoria en Ceuta y las críticas a la relación con Marruecos. Ahora deberá ser tratado por el Senado antes de su entrada en vigor.
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La norma alcanza a las personas nacidas antes del 29 de septiembre de 1977 que tuvieron nacionalidad española y puedan acreditar esa condición mediante documentación oficial. También contempla mecanismos para sus descendientes.
Los hijos podrán solicitar la nacionalidad durante cinco años
Los descendientes directos en primer grado de quienes recuperen la nacionalidad podrán iniciar el trámite durante los cinco años posteriores a la concesión a su progenitor.
Para los nietos y sus hijos, la ley establece la vía de la carta de naturaleza, que queda bajo decisión del Consejo de Ministros y no exige acreditar residencia en España.
El texto también reduce de 10 a dos años el período de residencia legal requerido para que el resto de los ciudadanos saharauis puedan pedir la nacionalidad. El mismo plazo se aplica a nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, además de los sefardíes.
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Según cálculos de Sumar, fuerza que impulsó la iniciativa, la norma podría beneficiar a cerca de 100 mil saharauis. La estimación incluye a unas 50 mil personas que tenían documento español antes de 1977 y a una cifra similar de hijos directos.
Críticas al giro sobre el Sáhara Occidental
La votación ha estado atravesada por cuestionamientos al giro que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó en 2022 respecto de Sáhara Occidental. Ese año, España consideró que el plan de autonomía planteado por Marruecos era la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto territorial.
El PP ha justificado su abstención en diferencias con el mecanismo previsto para otorgar la ciudadanía. Su diputado Pedro Muñoz ha sostenido que las concesiones deberían requerir dos años de residencia, salvo en los casos ya previstos por la legislación española. A la vez, ha criticado el cambio de postura de Sánchez sobre la cuestión saharaui.
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Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cuestionado la política exterior del Gobierno en este asunto. Representantes de EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts y Podemos han reprochado que España haya dejado de respaldar la autodeterminación del pueblo saharaui.
Vox es el único bloque que ha votado en contra. Tanto esa formación como el PP han expresado reparos sobre los documentos que permitirán demostrar la antigua nacionalidad española, aunque los populares han optado finalmente por no rechazar el texto.
Tras la aprobación en el Congreso, si la Cámara Alta aprueba el proyecto sin modificaciones, la ley quedará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará entonces en vigor.
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La crisis de Ceuta eleva la tensión con Marruecos
La iniciativa llega al Senado en plena crisis en Ceuta y en un momento de tensión política y diplomática con Marruecos. El Gobierno difundió el miércoles 9 de septiembre 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ocurrida el 30 de julio.
Entre ellos figura una alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enviada el día anterior a los servicios de inteligencia marroquíes, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y a la Guardia Civil. El aviso advertía sobre convocatorias en redes sociales para cruzar la frontera por mar y a través de la valla durante la Fiesta del Trono de Marruecos.
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Los documentos recogen mensajes vinculados a grupos de WhatsApp y Facebook que reunían a cerca de 180 mil usuarios. También señalan que los organizadores buscaban aprovechar que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían concentradas en los actos por la celebración. El Ejecutivo sostiene que esas comunicaciones no anticipaban la dimensión que alcanzó la llegada de personas a Ceuta.
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