Las educadoras infantiles de 0 a 3 años estallan ante un inicio de curso sin mejoras: “No podemos volver cobrando el salario mínimo”

El curso escolar todavía no ha comenzado, pero las protestas ya han vuelto a las escuelas infantiles. Las trabajadoras de la etapa de 0 a 3 años afrontan la vuelta al colegio tras meses de movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales como salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”.

En la Comunidad de Madrid, las educadoras mantienen desde abril una huelga indefinida y denuncian que las políticas del Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz ayuso, “perjudican a la infancia” y agravan la precariedad de un sector mayoritariamente feminizado. “El Partido Popular no mira por la infancia, hay una dejadez total hacia las trabajadoras de las escuelas infantiles, y más teniendo en cuenta que septiembre y octubre son meses fundamentales, porque es el periodo de acogida a las nuevas criaturas y a sus familias. Sin ese periodo de vinculación, es difícil que las familia se sientan tranquilas y seguras”, explica a Infobae Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. La propia infancia, añade, también necesita sentirse segura “para poder explorar, jugar y aprender”.

A su juicio, la falta de soluciones por parte de la administración regional constituye “un maltrato institucional contra la infancia y las familias de la Comunidad de Madrid”. “Después de cinco meses de huelga indefinida, no podemos volver a las aulas cobrando el salario mínimo interprofesional, recibiendo 1.080 euros a final de mes con la responsabilidad que tenemos”, critica la portavoz, que asegura que estarán en huelga hasta que el PP “decida sentarse a negociar un plan” para mejorar los salarios. “Hay que dignificar esta profesión y poner los cuidados en el centro”, resume.

Por otro lado, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles valora positivamente la propuesta realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para modificar un real decreto y así reducir el número de alumnos por docente en el primer ciclo de Infantil, de forma que contempla un máximo de cuatro niños por profesional en las aulas de 0 a 1 año, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años. Pero el colectivo advierte, no obstante, que el alcance de la medida dependerá de que las comunidades autónomas la apliquen, ya que son las encargadas de desarrollar la norma en sus respectivos territorios. Esa bajada de ratios, aclaran, lleva implícita la incorporación obligatoria de la pareja educativa.

Cabe recordar que las escuelas infantiles de titularidad pública no siempre están gestionadas de forma directa por las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Un alto porcentaje están externalizadas y, por tanto, son empresas privadas las que contratan al personal y las que organizan el proyecto educativo.

Reclamos desde Navarra y Cataluña

Desde Navarra, la Plataforma 0-3, que agrupa a educadoras infantiles, familias y comunidades escolares, describen la situación como “frustrante” y recuerdan que llevan exigiendo mejoras laborales y educativas desde 2022. Aunque desde entonces han logrado una mejora salarial, denuncian que la reducción de ratios sigue sin cumplirse y que el inicio de curso arranca con plantillas insuficientes en una etapa decisiva para el vínculo con los bebés.

“Las educadoras infantiles estamos acostumbradas a estar agotadas, a sacar fuerzas de donde no las hay, a sobrevivir como digo yo, y no vamos a parar hasta conseguir mejoras”, señala Narila Mondragón, integrante de esta plataforma en Navarra, que explica que el próximo 17 de septiembre habrá concentraciones en todas las comunidades autónomas para volver a exigir la ratio europea y la pareja educativa.

“Las gallinas ecológicas tienen más espacio”

Por su parte, Gina Rius, integrante de la Plataforma 0-3 de Cataluña y representante del sindicato CGT, tilda de “indignas y precarias” las condiciones del sector, “tanto para las trabajadoras como para los niños y niñas”. Entre sus reclamos también figuran mejoras salariales, la reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa, y advierten, además, de la importancia de aumentar el espacio disponible para cada menor en los centros.

Rius señala que la normativa catalana permite dos metros cuadrados por niño y, para cuestionar ese estándar, lo compara irónicamente con los cuatro metros cuadrados que debe tener garantizados una gallina ecológica, según la regulación aplicable a ese tipo de producción. En ese sentido, asegura que que duplicar profesorado no basta si el aula sigue siendo demasiado pequeña. “El ambiente, el estrés y los conflictos siguen ahí, porque hay muchos niños compartiendo un mismo espacio”, recuerda.

Rius también menciona otro problema en el convenio laboral que regula las condiciones de las educadoras infantiles y es que cerca del 70% de las escuelas de Cataluña “aplica un convenio que no reconoce la categoría profesional que corresponde” a estas trabajadoras. Explica que el convenio estatal de educación infantil sitúa a las educadoras en el grupo C1, aunque para ejercer su profesión se exige una titulación de nivel B o A2. “Y eso no se contempla”, lamenta.

Aunque el inicio del primer ciclo de Educación Infantil depende de cada comunidad autónoma y, en algunos casos, de cada centro, las primeras incorporaciones comienzan el 3 de septiembre en Andalucía y el 4 en Navarra. En otros territorios, las escuelas infantiles comenzarán la próxima semana.