Las claves para entender por qué se ocultó información a Marlaska sobre la entrada masiva a Ceuta: de la jueza Tardón a la cadena de mando de Interior

El Gobierno ha defendido a ultranza que no hubo información sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ni que Marruecos jugase un papel en la operación. Sin embargo, este miércoles se dio una inusual situación: un informe policial que habría sido entregado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, a espaldas de Fernando Grande Marlaska, desmontaba la versión oficial. Y lo que es más preocupante, evidenciaba que en la cadena de mando de Interior hay graves fisuras.

El informe en cuestión es el emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), revelado por El Español y al que posteriormente tuvo acceso Infobe, en el que se exponía que las autoridades marroquíes “planificaron y guiaron” la entrada masiva. Las versiones de la propia Policía son complicadas de entender: por un lado, se implica a Marruecos en la operación; por el otro, el director de la Policía, Francisco Pardo, niega que ningún informe culpe a Marruecos.

Y mientras tanto —o al menos hasta el cierre de la edición de este periódico— el Gobierno guarda silencio. Lo que está claro es que este informe no llegó a Marlaska. Solo se pronunció el ministro Ángel Víctor Torres a primera hora de la tarde para decir que no conocían el contenido del “supuesto informe” en el Ejecutivo, poniendo en duda su existencia, y que esperaban hacerlo. Poco más tarde, dicho documento se distribuyó por todas las redacciones del país. Existe y sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agentes marroquíes “guiando el cruce a través del agua”. Es decir, implica a Marruecos.

No solo la Policía ha alertado de esto. Días antes ya trascendió otro informe del CNI que aseguró que la colaboración, “siquiera pasiva”, de las autoridades marroquíes durante la fase más crítica del asalto a Ceuta era evidente. El escrito, que fue consultado por El País, se refirió tanto a la ausencia de agentes en la frontera durante más de 24 horas como a imágenes en las que gendarmes marroquíes permitieron el paso de vehículos cargados con “potenciales migrantes”. Pero el Gobierno insiste en defender a Marruecos para salvar la vía diplomática, mientras desde el PP señalan al país vecino y exigen al Gobierno que se reúna con la embajada marroquí.

Más allá de la postura de Pedro Sánchez, la cuestión aquí es entender por qué Marlaska desconocía esta información, por qué los agentes la compartieron directamente con la jueza de la Audiencia Nacional saltándose algunos mandos y por qué la magistrada ordenó a la Policía no compartir el informe.

Cómo funciona la cadena de mando

¿Cómo encaja la versión de Marlaska con los informes policiales? ¿Es legal ocultar información policial a los superiores jerárquicos? Lo primero es entender cómo funciona la cadena de mando en esta serie de emergencias.

Hay que resaltar que, en condiciones normales, las fronteras no están controladas por el Ejército, sino por la Guardia Civil, que tiene competencias de vigilancia y custodia, y la Policía Nacional, que controla las entradas y salidas de personas.

La Delegación del Gobierno, junto con las autoridades policiales, tiene la obligación de elevar a Interior la petición de refuerzos si se considera que hay indicios de que un flujo migratorio puede superar las capacidades locales. De hecho, en el anexo de este informe al que ha tenido acceso El Confidencial, se indica que hubo avisos previos sobre el riesgo “extremo” —con estas palabras se refiere— de que se produjese una entrada por tierra y a nado en esos días.

En el caso de una entrada masiva, que son situaciones extraordinarias, quien asume las riendas es la Secretaría de Estado de Seguridad, que actúa en la cadena justo por detrás del ministro. Si considera que existe un riesgo para la seguridad nacional, se puede ordenar el cierre temporal de los pasos fronterizos.

Un desafío a Marlaska

En este contexto, la única explicación a la que puede agarrarse el ministro es que la policía ocultó información al ministerio. Y lo más preocupante de todo para Marlaska, que habrían decidido informar antes a la jueza: la ruptura entre Interior y los mandos policiales queda evidenciada tras la crisis en Ceuta.

Pero nada de esto es ilegal. Los agentes de la unidad de Información y Extranjería no tenían la obligación de trasladar estos informes a sus superiores porque la causa está judicializada desde el 3 de agosto. Fue la propia jueza de la Audiencia Nacional quien ordenó que no se informara a sus superiores sobre el informe de las entradas masivas en Ceuta.

Una causa abierta en la Audiencia Nacional no suspende automáticamente el deber de informar a Interior sobre una crisis fronteriza o un riesgo para la seguridad nacional. Pero sí puede limitar qué documentos, datos o conclusiones concretas se trasladan, y a quién, cuando esos elementos forman parte de una diligencia judicial reservada. Pero en este caso se abren varias disyuntivas. La clave de esta controversia depende de qué pedía restringir la orden judicial.

Interior ha elevado la voz contra lo que parece un desafío al ministro. En una carta remitida a la Jefatura de la Policía Nacional, Marlaska ha recordado que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional por parte del Gobierno el pasado 25 de agosto, “una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, del ‘mando único’ que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.

Desafío a Marlaska

El movimiento de la policía ha sido percibido en el Ejecutivo como un desafío al ministro. La oposición encabezada por PP y Vox ha salido en tromba para denunciar que el Gobierno “ocultó información” sobre los hechos del 30 de julio: “El Gobierno lo sabía y lo tapó”, afirmó Alberto Núñez Feijóo.

Desde el PSOE crecen las voces que reclaman responsabilidades en la cadena de mando de Interior: “Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó y si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran”, cuestionó el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page. “Si se confirma, tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes”, afirmó.