El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reforzará con 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible y contribuir a contener los precios del alquiler. Las ayudas llegarán a 317 municipios de Catalunya, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, los territorios que cuentan actualmente con este tipo de declaración.

El dinero se concederá directamente a las comunidades autónomas, que deberán destinarlo a actuaciones dirigidas a incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles. La medida ha sido anunciada este miércoles por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a Lekunberri (Navarra), donde ha recorrido un complejo residencial con más de 30 viviendas de CASA 47 destinadas al alquiler asequible. La ministra ha defendido que la declaración de una zona tensionada debe ir acompañada de medidas para aumentar la oferta y actuar sobre el mercado.

Construir y rehabilitar vivienda

“Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar el precio del alquiler. Pero también implica un esfuerzo por movilizar y construir vivienda por parte de todas las administraciones”, ha afirmado Rodríguez.

La ministra ha explicado que los nuevos fondos pretenden acompañar a los gobiernos autonómicos y municipales en ese esfuerzo. “Nosotros vamos a acompañar a ayuntamientos y autonomías en esa respuesta con estos 90 millones de euros que van a servir para promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda”, ha añadido Isabel Rodríguez.

La iniciativa se encuentra todavía en fase de tramitación. Desde este miércoles, el borrador del real decreto que regulará estas subvenciones está sometido al trámite de audiencia e información pública a través de la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Después deberá continuar su recorrido administrativo hasta llegar al Consejo de Ministros para su aprobación.

Corregir desequilibrios

Las subvenciones están previstas en el artículo 18.5 de la Ley por el Derecho a la Vivienda y tienen como finalidad contribuir al desarrollo de los planes específicos elaborados por las comunidades autónomas. Estos planes deben servir para corregir los desequilibrios que dificultan el acceso a la vivienda en cada una de las zonas declaradas tensionadas.

El borrador del real decreto establece que las comunidades autónomas deberán utilizar los fondos en las actuaciones contempladas por el Ministerio. En términos generales, podrán destinarse a las ayudas incluidas en los capítulos II y III del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tanto las destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible como las relacionadas con rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural.

La fórmula pretende que el dinero no se limite a una única política. Los fondos podrán servir para aumentar directamente el parque público mediante nuevas promociones, pero también para recuperar viviendas existentes, poner suelo a disposición de nuevos proyectos o permitir que las administraciones compren inmuebles destinados posteriormente al alquiler asequible.

¿Cómo se repartirán los 90 millones?

Los 90 millones de euros se abonarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondiente a 2026, dentro de la partida denominada “A comunidades autónomas. Zonas de mercado residencial tensionado”.

El reparto entre las cinco comunidades autónomas se realizará atendiendo a dos criterios principales. El primero será la población que reside en las zonas declaradas como tensionadas. El segundo tendrá en cuenta el porcentaje de hogares que soportan un mayor esfuerzo para pagar el alquiler.

En concreto, el Ministerio considerará el porcentaje de hogares en alquiler de cada comunidad autónoma que destina más del 40 % de sus ingresos netos al pago de la vivienda habitual. De esta manera, el reparto pretende combinar el tamaño de las zonas afectadas con la intensidad del problema de acceso al alquiler.

La ponderación dará un peso del 80% a la población residente en zonas de mercado residencial tensionado y del 20% al porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler. Con este sistema, el Ejecutivo busca dirigir una mayor cantidad de recursos hacia los territorios con más población afectada y, al mismo tiempo, tener en cuenta la presión económica que soportan los hogares. El Gobierno prevé que los fondos lleguen a las comunidades autónomas mediante un único pago. El plazo máximo establecido para hacer efectivo el reparto será de cinco meses desde la entrada en vigor del real decreto.