“El Gobierno opta por una vía más dura en política migratoria de lo que exige la UE”: las críticas a las nuevas leyes de asilo y extranjería

La entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio no solo ha desencadenado una crisis humanitaria inédita en la ciudad autónoma, sino que también ha propiciado cambios en la legislación. Este martes, el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de ley para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio: una nueva ley de asilo, que sustituirá a la de 2009, y la reforma de la actual norma de extranjería.

Los dos anteproyectos suponen un endurecimiento en la política migratoria de España, al incluir, entre otras medidas, un refuerzo de los controles en frontera y procedimientos más ágiles para las expulsiones. Respecto a la nueva ley de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de “graves retrocesos en derechos”, ya que la iniciativa contempla “medidas más duras de las que obliga la Unión Europea”, lo que puede poner en riesgo el derecho de asilo.

CEAR sostiene que el Gobierno ha optado por ignorar las demandas de las organizaciones especializadas, que reclamaban un pacto enfocado en la protección de las personas solicitantes de asilo y sus derechos. “Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional”, han señalado Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director general de la entidad.

La organización, que participó activamente en la redacción de las leyes de asilo de 1984 y 2009, lamenta que no se hayan incorporado propuestas clave, como el refuerzo de vías legales y seguras para solicitar asilo desde embajadas o consulados. Bajo la nueva redacción, la admisión de estas solicitudes “quedaría en manos de la discrecionalidad de las representaciones diplomáticas”, señala CEAR.

Para la organización, entre las novedades más controvertidas del anteproyecto, figura la posibilidad de aplicar procedimientos fronterizos menos garantistas por causas no obligatorias, como el hecho de que la persona procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Actualmente, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo solo exige la aplicación de estos procedimientos cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%, cuando la persona represente una amenaza para la seguridad nacional o presente documentación falsa.

El anteproyecto también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, “medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar”, recuerda CEAR.

Extiende los plazos de detención

Además, critica la organización, la propuesta contempla la posibilidad de extender los plazos de detención: en el triaje, de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial, y durante el procedimiento fronterizo, de un máximo de 8 días a dos semanas. Además, se mantiene el límite de 60 días de internamiento pero se habilita la opción de prorrogarlo hasta 120 días si la persona solicita protección internacional.

Otro de los puntos críticos identificados por CEAR es la eliminación de las razones humanitarias como fundamento para acceder al asilo, a pesar de que el pacto europeo permite a los Estados miembro establecer este tipo de estatutos. Según la interpretación de la legislación vigente y la jurisprudencia consolidada, añade la organización,estas razones no generan conflictos con los estatutos de protección internacional.

La reforma propuesta también endurece los requisitos para la reagrupación familiar de personas refugiadas, advierten. Si la solicitud se presenta pasado un año, se exigirán pruebas de medios económicos y de vivienda adecuada, un criterio que hasta ahora no era obligatorio en la legislación española. “La nueva Ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar”, aseguran.

La organización remarca que el anteproyecto representa un retroceso en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, el acceso a información y el reconocimiento de personas apátridas. “La nueva ley de asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres”, concluyen.