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Los errores en la identificación de menores migrantes ponen en jaque su protección en Ceuta: “Si se les considera adultos, quedan fuera del sistema”

Save the Children pide que no se realicen pruebas de determinación de edad cuando hay documentos que acreditan la minoría, como pasaportes, certificados o fotografías

Varios menores en Ceuta el pasado 10 de agosto. (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)
Varios menores en Ceuta el pasado 10 de agosto. (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)
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La correcta identificación de los niños, niñas y adolescentes migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio sigue siendo una prioridad para organizaciones como Save the Children, que advierte que los errores en este proceso pueden dejar a menores fuera del sistema de protección, sobre todo durante los traslados entre los diferentes recursos habilitados. El riesgo es que, si un menor es considerado adulto, pierde acceso a la protección específica que requiere su edad.

Save the Children recuerda que cualquier procedimiento de identificación debe considerar el interés superior del menor. La organización insiste en que no debe recurrirse a pruebas de determinación de edad cuando existen indicios claros de minoría, como fotografías, copias de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos que permitan presumir que la persona es menor hasta que se pueda verificar la documentación original.

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“La identificación de la minoría de edad no puede entenderse como un mero trámite administrativo: es la puerta de entrada al sistema de protección. Ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría y garantizar que ningún niño o niña quede desprotegido por haber sido considerado adulto”, explica Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

El caso de una menor que sufrió violencia sexual

La organización subraya que las pruebas médicas para determinar la edad deben aplicarse únicamente como último recurso y bajo procedimientos que garanticen los derechos de la infancia. Save the Children ha conocido el caso de una joven que, después de sufrir violencia sexual en su país de origen y tras una crisis nerviosa, fue sometida a una prueba de determinación de edad que estableció que tenía 26 años. La joven presentó una fotocopia de su documento nacional de identidad que, según la información facilitada, acreditaba que era menor, pero esta documentación no fue aceptada y quedó fuera del recurso destinado a menores.

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Cerca de 1.700 migrantes han abandonado este jueves a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa de El Trampolín, en el marco del dispositivo puesto en marcha para desalojar este asentamiento y trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

Este caso “ejemplifica la importancia de que los procedimientos tengan en cuenta no solo el resultado de una prueba, sino también la documentación disponible y las circunstancias individuales de cada persona”.

Save the Children pide reforzar los mecanismos de detección temprana, tanto en las calles como en los recursos de acogida humanitaria habilitados por el Ministerio de Inclusión, donde están siendo trasladadas las personas que se encuentran en situación de calle. Estos mecanismos deben permitir identificar a posibles menores y garantizar su derivación inmediata al sistema de protección.

La organización, que está intensificando su labor para detectar casos de especial vulnerabilidad y colaborar con las autoridades y otras entidades presentes en el territorio, mantiene un equipo en Ceuta para monitorear la situación y atender las necesidades específicas de la infancia.

Reunión para abordar el reparto de menores

Este jueves 27 el Ministerio de Juventud e Infancia se reunirá con las comunidades autónomas para tratar la gestión de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta, aunque las regiones gobernadas por el PP y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- volverán a plantar al Gobierno, en rechazo al planteamiento del Ejecutivo de repartirlos entre las autonomías. Estas tres comunidades tampoco participaron en la reunión técnica del pasado 13 de agosto, en la que se acordó que Ceuta recibiría una ayuda de 25 millones para atender a los menores.

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