Cobraban hasta 12.000 euros a extranjeros para regularizar su situación: desarticulan dos redes que simulaban parejas de hecho para obtener permisos de residencia

Una relación ficticia podía convertirse en una vía para conseguir un permiso de residencia en España. Dos organizaciones criminales desarticuladas por la Policía Nacional habrían creado un entramado basado en la simulación de parejas de hecho entre ciudadanos españoles y extranjeros para facilitar regularizaciones fraudulentas. La red cobraba entre 10.000 y 12.000 euros a cada persona extranjera que buscaba regularizar su situación administrativa.

La operación, desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en Melilla, se ha saldado con 34 detenidos, 62 personas investigadas y 21 órdenes de detención para localizar a otros presuntos implicados que permanecen en paradero desconocido.

La principal investigación, denominada Operación Dafne, comenzó en mayo de 2025 después de que los agentes detectaran documentación presuntamente falsificada utilizada para acreditar convivencias entre ciudadanos españoles y extranjeros. Según la investigación, la organización preparaba expedientes destinados a aparentar que las parejas cumplían los requisitos legales necesarios para acceder a una autorización de residencia.

Para ello, los integrantes de la trama elaboraban documentos como actas notariales, contratos de arrendamiento y certificados de empadronamiento falsos correspondientes a diferentes municipios, principalmente de Cataluña. Con esta documentación trataban de dar apariencia de legalidad a relaciones que, según los investigadores, nunca habían existido.

Una red con captadores, gestores y falsos testigos

La Policía sostiene que la organización contaba con una estructura definida en la que cada integrante tenía una función concreta. Entre los implicados figurarían un abogado y una asesora administrativa encargados de preparar y tramitar los expedientes de extranjería, mientras otros miembros se dedicaban a captar ciudadanos españoles dispuestos a formar parte de las falsas parejas.

Los captadores actuaban principalmente en Melilla, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Los ciudadanos españoles reclutados eran posteriormente trasladados a notarías de Barcelona y Girona para formalizar las uniones de hecho fraudulentas y completar la documentación necesaria para iniciar los trámites de residencia.

El negocio tenía un reparto económico establecido. Los ciudadanos extranjeros abonaban entre 10.000 y 12.000 euros por la supuesta regularización de su situación. De esa cantidad, las personas que aceptaban constituir la falsa pareja recibían alrededor de 2.000 euros, mientras que los testigos utilizados para reforzar la apariencia de la relación cobraban unos 500 euros. El resto del dinero se distribuía entre los responsables de la organización, gestores y captadores.

Además de la Operación Dafne, los investigadores llevaron a cabo una segunda actuación relacionada con otra pareja de hecho fraudulenta formalizada en Barcelona. En este caso fueron detenidas cuatro personas: los dos integrantes de la falsa pareja, el presunto captador de la trama y la persona que habría facilitado un empadronamiento ficticio para simular la convivencia.

La autorización de residencia investigada en este segundo caso había sido concedida por la Oficina de Extranjería de Málaga y se sustentaba, según la Policía, en documentación con elementos falsificados. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Melilla, mientras la investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y localizar a los implicados que todavía no han sido detenidos.