Castilla y León abre un expediente sancionador contra el matadero de Segovia que sacrificó más de 200 ciervos: denuncian disparos múltiples o animales conscientes desangrándose

Tras una denuncia presentada por la fundación Igualdad Animal, la Junta de Castilla y León ha decidido abrir un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja, en Segovia, por posibles infracciones de la normativa de bienestar animal durante la matanza de más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo.

Este expediente —actualmente en fase de instrucción— se inicia, según la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, por la falta de comprobación de los indicadores de aturdimientos tras el empleo del arma de proyectil libre. Esta actuación, según detallan desde la organización dedicada a la lucha contra la crueldad animal, supone “una infracción muy grave” que contempla sanciones de entre 6.001 y 100.000 euros.

Según hizo público en el mes de mayo Igualdad Animal, se habían documentado en dichas instalaciones disparos múltiples, animales aún conscientes durante el desangrado y ejemplares colgados vivos por una extremidad, hechos que podrían vulnerar la normativa europea de protección animal. Estos ciervos, caracterizados por ser “muy nerviosos y fácilmente excitables o asustadizos” por no estar habituados al contacto humano, habían sido trasladados al matadero tras ser sometidos a manipulación y extracción de sus cuernos.

La fundación aseguró haber documentado ocho incumplimientos del reglamentos europeo sobre protección de animales durante la matanza, como signos evidentes de miedo y estrés agudo, uso de bastones para forzar el movimiento de los animales e introducción simultánea de varios ciervos en la zona de sacrificio.

Los ciervos sacrificados se incorporaron a la cadena alimentaria

La denuncia fue presentada por Igualdad Animal el 22 de diciembre de 2025. Tras esto, trasladó también los hechos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). La Consejería de Sanidad defendió que el matadero contaba con autorización para el sacrificio de caza de cría y que la actividad se desarrollaba bajo supervisión veterinaria oficial. Sin embargo, Igualdad Animal ha recordado que su denuncia nunca cuestionó la autorización administrativa del establecimiento, “sino las prácticas observadas durante la matanza y la eficacia de los mecanismos oficiales de control destinados a garantizar el cumplimiento de la legislación de bienestar animal”.

La organización también mantiene abierta una reclamación en materia de transparencia por la falta de respuesta por parte de la Administración a la solicitud de acceso a los informes de los Servicios Veterinarios Oficiales, las actas de inspección, las medidas correctoras adoptadas, los protocolos aplicados y toda la información relativa al Sistema de Videovigilancia del Bienestar Animal (SVBA), cuya instalación es obligatoria en los mataderos.

Igualdad Animal asegura que la Junta de Castilla y León ha confirmado que los ciervos sacrificados en el matadero que fueron declarados aptos para consumo humano tras la inspección veterinaria oficial se incorporaron a la cadena alimentaria y que las canales obtenidas fueron destinadas a establecimientos dentro del territorio nacional.

“Este caso demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal”, afirma Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá. “Ahora es imprescindible que la instrucción analice el alcance de los posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos”.