El Gobierno admite ante el Comité Europeo de Derechos Sociales la necesidad de reformar la condonación de deudas del Ingreso Mínimo Vital

El Gobierno de España ha reconocido ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) la necesidad de revisar la normativa que regula la condonación de deudas derivadas de la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque la propuesta oficial solo contempla modificaciones para los casos posteriores a 2024. Este reconocimiento surge tras la respuesta enviada en el marco del procedimiento abierto por la reclamación colectiva número 241/2024, impulsada por la Oficina Jurídica de Derechos Sociales del movimiento ATD Cuarto Mundo, organización que lleva dos años documentando los efectos de la actual legislación sobre miles de perceptores de esta ayuda, que fue creada por el Ejecutivo en 2020 como respuesta social a la pandemia para prevenir la pobreza y la exclusión social.

Según ha informado la organización en un comunicado, la intervención del CEDS, órgano dependiente del Consejo de Europa, responde a la preocupación por las reclamaciones de cobro dirigidas a beneficiarios del IMV y de rentas mínimas autonómicas. El Comité había solicitado al Gobierno central un pronunciamiento específico sobre la paralización de estos cobros, basándose en la gravedad y dimensión del problema evidenciada por los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Así, la respuesta gubernamental reconoce parcialmente la problemática, pero limita su alcance a los afectados a partir de 2024, excluyendo a más de 319.000 personas que ya sufren reclamaciones de devolución.

“La reclamación ha conseguido que el Gobierno tome en consideración por primera vez la condonación de deudas y entendemos que esto se ha producido por la insistencia del propio Comité a que se posicionen al encontrarse con la gravedad de los datos. Esperamos que el Comité resuelva después de nuestra nueva réplica, que ya estamos preparando, sobre que esas medidas no pueden dejar fuera a los deudores de buena fe desde 2020 a 2024″, explica a Infobae Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo e integrante en la oficina jurídica que promueve la reclamación colectiva. “Si el Comité se pronunciara en sentido de dar las medidas inmediatas en este periodo como les vamos a pedir, no podrían dejar en la estacada a los más de 300.000 afectados, según sus propios datos”, añade.

Las organizaciones que impulsan la reclamación aseguran que este procedimiento debería haber avanzado con mayor rapidez y lamentan que el Gobierno “siga sin ofrecer una solución a quienes han visto reclamados importes indebidamente percibidos bajo normativas que ahora se admiten inadecuadas”.

La documentación remitida al CEDS incluye testimonios de afectados, así como las conclusiones de la quinta Opinión de la AIReF, que propone un sistema de cómputo de rentas mejorado y una reducción en las solicitudes de reintegro, tomando como referencia la experiencia de otros países europeos. El informe expone que los expedientes pueden ser revisados durante cinco años, lo que podría incrementar la cifra de damnificados por los cobros retroactivos.

Corregir los puntos denunciados

El CEDS estudia los argumentos de todas las partes para determinar si el actual modelo de rentas mínimas en España cumple los compromisos internacionales de la Carta Social Europea. Las entidades reclamantes confían en que el Comité dicte una resolución que obligue a corregir los puntos denunciados y sirva de base para exigir su aplicación efectiva en la legislación nacional.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde que el IMV se puso en marcha en 2020 ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y beneficiado a más de 3,7 millones de personas. La cuantía media de la prestación es de 507 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina del mes de junio ascendió a 465,7 millones de euros.