Desarticuladas dos organizaciones que explotaban a migrantes nicaragüenses y marroquís: llegaban a España con engaños y una ‘deuda’ de 5.000 euros a pagar a los detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la explotación laboral de migrantes en dos operaciones desarrolladas en Almargen (Málaga) y Alar del Rey (Palencia).

La organización desmantelada en la localidad malagueña explotaba a mujeres de origen nicaragüense en el sector del cuidado de personas mayores, mientras que en la localidad palentina se abusaba laboralmente de hombres marroquís en un obrador de pan. Entre ambas operaciones hay un total de 11 detenidos, dos han ingresado en prisión provisional, dos víctimas han sido liberadas y 11 identificadas.

La promesa de un trabajo como interna en España

En un comunicado, el cuerpo armado detalla que en octubre de 2025 el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional ponía a los agentes tras la pista de una red de explotación en Almargen. Los investigadores, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de INTERPOL, siguieron la pista de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.

Entre los detenidos está la principal investigada de la trama, cuyo papel dentro de la organización era ser “el gancho” y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua hacia un futuro mejor. “Ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio. La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era bien distinta, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social”, detallan.

Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Las víctimas eran aleccionadas para pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para el viaje. Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad malagueña, propiedad de uno de los investigados. Allí realizaban tareas de limpieza sin remuneración hasta que se les conseguía un empleo como internas. En ese paréntesis, debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.

Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.

Los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.

Explotación en obradores de pan

En el caso de Alar del Rey, los agentes lograron constatar la existencia de dos empresarios de nacionalidad española que regentaban un obrador de pan en la localidad, donde los trabajadores eran explotados laboralmente. Viajaban desde Marruecos y obtenían un contrato laboral a cambio de cantidades que ascendían a los 15.000 euros. En el puesto de trabajo debían soportar jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso ni vacaciones.

En esta segunda operación los agentes han logrado la liberación de dos víctimas y han procedido a la detención de cuatro personas en las localidades palentinas, entre las que se encuentran los dos empresarios.

Líneas de ayuda para víctimas

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.