Una operación conjunta de la Policía Nacional española y la Policía Judiciaria de Portugal, con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST, ha desmantelado una red criminal dedicada a introducir trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa. La investigación también ha contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de Brasil.
La organización, integrada principalmente por ciudadanos brasileños, había reclutado a más de 1.000 personas, en su mayoría de Colombia y Perú, a quienes ofrecían supuestas oportunidades laborales como soldadores en Portugal. Los trabajadores pagaban hasta 300 euros por trámites que muchas veces no se completaban, quedando sin cobertura de Seguridad Social y expuestos a condiciones laborales sin medidas mínimas de seguridad, situación que provocó varios accidentes, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.
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Al llegar a Europa, se comunicaba a las personas captadas que el trabajo se desarrollaría en España, mientras eran dados de alta en la Seguridad Social portuguesa. Para aparentar legalidad, la organización creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una empresa portuguesa, facilitando así la subcontratación de servicios a compañías españolas del sector metalúrgico.
Simulaban ser turitsas al cruzar la frontera
Las víctimas firmaban contratos en portugués sin comprender su contenido y eran instruidas para simular ser turistas al cruzar fronteras. Una vez en España, se les exigían pagos adicionales para gestionar documentación en el país luso, trámites que en muchos casos nunca llegaban a completarse. Además, eran obligados a pagar cuotas inexistentes a la Seguridad Social.
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Incumplían la normativa laboral y los convenios colectivos
La documentación presentada por la red era falsa: certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación y reconocimientos médicos. Las empresas implicadas incumplían la normativa laboral y los convenios colectivos del sector metalúrgico, y no proporcionaban equipos de protección, lo que derivó en accidentes laborales.
La operación policial, iniciada en mayo de 2025 y culminada en febrero de 2026, incluyó seis registros domiciliarios —tres de ellos en España— y la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, dos de las cuales permanecen en prisión provisional. Además, se intervinieron tres vehículos (dos de alta gama), abundante documentación falsa y se bloquearon varias cuentas bancarias.
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El cabecilla de la organización dirigía las operaciones desde Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido tras una orden internacional emitida por INTERPOL.
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