El Gobierno aprueba la prescripción enfermera en la nueva Ley del Medicamento

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, la primera reforma integral del sistema desde el año 2005. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, incorpora nuevos instrumentos para evitar el desabastecimiento, facilitar el acceso temprano a medicamentos innovadores y amplía los sanitarios que podrán recetarlos. Entre ellos, las enfermeras.

El proyecto de ley, que todavía deberá pasar por el Congreso de los Diputados, reconoce formalmente la capacidad de prescripción a los profesionales de enfermería y fisioterapia, que se unen a médicos, odontólogos y podólogos, siempre dentro de su ámbito de competencia.

Se trata de una medida polémica a la que se han opuesto farmacéuticos y médicos. Este colectivo, de hecho, consiguió que la Audiencia Nacional suspendiese de forma cautelar una de las guías de prescripción enfermera, el único mecanismo que ahora permite a estas profesionales dispensar medicamentos. Esta disposición, revocada en enero, permitía a las enfermeras prescribir fármacos contra las infecciones leves de orina.

Para la Organización Médica Colegial (OMC), la incorporación de enfermeras y fisioterapeutas a las labores de prescripción “afecta directamente a la salud de las personas”. La organización defiende que la prescripción es un acto médico y, como tal, requiere una formación de seis años en el Grado de Medicina y otros cuatro o cinco años de especialización en el MIR.

Para el Ministerio de Sanidad, esta medida simplemente normaliza una realidad ya presente en el día a día del Sistema Nacional de Salud. Actualmente, las enfermeras indican el uso de algunos medicamentos, pero siempre deben pedir la receta al médico. “Una enfermera que te vacuna y que te indica la utilización de un antitérmico en caso de que concurra algún tipo de fiebre, enrojecimiento o tumoración local, tiene que poder también prescribirte el medicamento que te está indicando”, defendió el secretario de Estado, Javier Padilla, en declaraciones a la prensa hace un año.

Defensa de la innovación y contra el desabastecimiento de medicamentos

El nuevo proyecto de ley incluye también medidas contra el desabastecimiento de medicamentos, una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias. Se introducirá el concepto de medicamento estratégico para referirse a todos aquellos fármacos indispensables para el sistema de salud cuya cadena de suministro sea vulnerable.

Para asegurar su permanencia en el mercado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) podrá tomar cualquier medida económica y regulatoria especial, como por ejemplo subir su precio. Es algo que ya ocurre en la práctica habitual y que el ministerio ha aplicado con medicamentos antiguos que ya han perdido interés comercial, como la amoxicilina, algunas inmunoglobulinas o el Lenzetto, una terapia hormonal dirigida a mujeres con menopausia y a personas trans.

Asimismo, el Gobierno quiere asegurar una entrada más rápida de los medicamentos innovadores, que actualmente tardan 474 días en entrar al sistema público desde que se aprueban a nivel europeo. La ley incluirá ahora un mecanismo de financiación condicional para la innovación, permitiendo que algunos medicamentos innovadores puedan usarse en centros públicos cuando cubren una necesidad médica no resuelta o cuando el tratamiento no puede demorarse, aunque todavía exista incertidumbre sobre su efectividad en la práctica clínica real o su impacto económico.

Se establecerá un periodo provisional en el que se monitorizarán los resultados del fármaco en pacientes y, si se confirma el beneficio esperado, se podrá acordar la financiación definitiva con la farmacéutica. Si los resultados no son satisfactorios o si el medicamento termina siendo más barato de lo previsto, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades pagadas por el Estado.

Más facilidades para la compra de medicamentos

El nuevo proyecto legislativo ofrece más libertades a los pacientes respecto a la compra y retirada de sus medicamentos recetados. Para las personas dependientes y vulnerables, se regularán nuevas modalidades que permitirán que dispongan de sus fármacos sin acudir físicamente al servicio de farmacia hospitalaria o a la oficina de farmacia, pudiendo recibirla directamente en casa.

Para el resto de pacientes, se les permitirá elegir qué medicamento compran en la farmacia, dentro de una misma agrupación de fármacos homogéneos. Es decir, si el médico receta ibuprofeno, se podrá decidir en la farmacia qué marca o formato se prefiere, siempre que siga la prescripción indicada. Ahora bien: no todas tendrán el mismo precio.

El Gobierno marcará un precio máximo de financiación y, a partir de este valor, las farmacéuticas podrán vender por encima o por debajo del mismo. Si el medicamento que elige el paciente queda dentro del precio cubierto por la sanidad pública, tan solo abonará su copago habitual. Si, en cambio, supera el límite establecido por Sanidad, deberá pagar la diferencia.

La ley incorpora, además de los precios de referencia, un sistema de precios dinámicos, dirigido a medicamentos fuera de patente que tienen ya un mercado consolidado (50-70% de penetración). Este sistema permitirá ajustar los precios de manera progresiva y automática, con reducciones que hagan el medicamento más barato para el público y más competitivo en la industria.