La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre por un delito contra la Seguridad Social tras acreditar que cobró de forma indebida casi 5.000 euros en prestaciones por desempleo gracias a un contrato de trabajo ficticio. La sentencia considera probado que el acusado formó parte de una compleja red de fraude que utilizó empresas sin actividad real para simular relaciones laborales y generar el derecho a percibir ayudas públicas.
El fallo, dictado por la Sección Tercera del tribunal, pone el foco en una organización que operó durante años y que ya había sido desmantelada judicialmente con la condena de su principal responsable: un asesor fiscal que creó decenas de sociedades pantalla para dar apariencia de legalidad a contrataciones inexistentes. La trama llegó a provocar un perjuicio superior a los 630.000 euros a las arcas públicas.
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En el caso ahora resuelto, el condenado reconoció los hechos y aceptó una sentencia de conformidad que ya es firme. Además de una multa de 1.242 euros, deberá devolver íntegramente los 4.970 euros percibidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con los intereses legales correspondientes.
Una red basada en empresas ficticias
La investigación judicial sitúa el origen de la organización entre los años 2009 y 2013. Según la resolución, el principal responsable aprovechó su condición de gestor autorizado para acceder al sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, una herramienta destinada a gestionar de forma telemática las obligaciones laborales de las empresas.
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Ese acceso le permitió crear de forma sistemática sociedades mercantiles que carecían de trabajadores, actividad económica o infraestructura. En otros casos, incluso utilizó sin autorización empresas ya existentes para dar cobertura documental a contrataciones ficticias.
La mecánica era sencilla pero eficaz. Los interesados abonaban entre 1.200 y 1.800 euros para ser dados de alta de forma simulada en la Seguridad Social. A cambio, recibían contratos laborales, nóminas y toda la documentación necesaria para aparentar una relación laboral inexistente.
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Contratos simulados para acceder a la prestación por desempleo
Los falsos trabajadores permanecían dados de alta únicamente durante el tiempo imprescindible para generar el derecho a solicitar la prestación por desempleo. Una vez cumplido ese requisito, la organización simulaba el despido o el fin de la relación laboral y presentaba la correspondiente solicitud ante el SEPE.
La sentencia subraya que toda la documentación presentada era falsa y que tanto el gestor como los beneficiarios conocían perfectamente el carácter fraudulento de la operación.
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La investigación también puso de manifiesto que la trama no perseguía únicamente el cobro irregular del paro. En determinados casos, los contratos simulados servían para facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros ante la Oficina de Extranjería, aprovechando la apariencia de una relación laboral legal.
La Inspección de Trabajo desmontó el fraude
Las actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social fueron determinantes para desarticular la red. Los inspectores concluyeron que ninguna de las empresas investigadas desarrollaba actividad económica real ni disponía de medios materiales o personales para justificar las contrataciones declaradas.
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En la empresa concreta en la que figuró contratado el ahora condenado, el perjuicio económico alcanzó los 158.613 euros. El acusado permaneció dado de alta de manera ficticia entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, periodo suficiente para acceder posteriormente a un subsidio por desempleo de 4.970 euros.
Multa, devolución del dinero y pérdida de ayudas
El tribunal ha tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, lo que ha permitido dictar una sentencia de conformidad y apreciar circunstancias atenuantes. No obstante, la resolución le condena por un delito contra la Seguridad Social y establece varias consecuencias económicas.
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Además de la multa de 1.242 euros, el condenado pierde durante nueve meses el derecho a obtener subvenciones públicas, beneficios fiscales o incentivos de la Administración. Asimismo, deberá reintegrar al SEPE la totalidad de las cantidades cobradas de manera indebida, incrementadas con los intereses legales.
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