El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Más de 458.000 personas mayores de 52 años cobraban el subsidio por desempleo al que da acceso esa edad en 2025, casi tres veces más que las 162.318 que lo percibían en 2005. Un informe publicado por Fedea, firmado por los investigadores Fernando Pinto Hernández, Carlos Garcimartín Alférez y Miguel Ángel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos, documenta cómo esta prestación ha pasado de ser una red de seguridad a convertirse en una de las partidas estructurales del sistema de protección social español.

Los mayores de 50 años han ganado peso de forma sostenida entre quienes cobran alguna prestación por desempleo en España. En 2005 representaban el 34,8% del total de beneficiarios; en 2025 superan la mitad, con el 51,8%. El avance es todavía más pronunciado entre quienes agotan la prestación contributiva y pasan a depender de los subsidios asistenciales —ayudas de menor cuantía destinadas a quienes ya no tienen derecho al paro ordinario—, donde su cuota ha pasado del 33% al 59,5%. El dato revela que muchos de estos trabajadores no encuentran empleo ni en los años de bonanza económica.

Detrás de esas cifras hay un mercado laboral que expulsa a los trabajadores de mayor edad con más facilidad de la que los reabsorbe. El 81% del aumento neto de desempleados registrado en España entre 2005 y 2025 corresponde a personas mayores de 50 años: 546.700 de un total de 674.600, según el análisis de Fedea. Su participación sobre el total de parados pasó del 12,6% al 30,3% en ese mismo periodo.

Ese deterioro relativo se produce, además, en paralelo a una mejora del empleo en ese mismo grupo de edad. Los ocupados mayores de 50 años pasaron de 3,8 a 7,9 millones entre 2005 y 2025, y su peso sobre el total de trabajadores subió del 19,8% al 35,8%. Pero más empleo no ha significado menos paro: el número de desempleados mayores de 50 años en 2025 —791.200 personas— triplica el de 2005, cuando era de 244.500.

La explicación es en parte demográfica. España tiene hoy 12,2 millones de personas de entre 50 y 66 años —el tramo más próximo a la edad ordinaria de jubilación—, frente a los 7,8 millones de 2005. Ese grupo representa ya el 37% de la población en edad de trabajar, diez puntos más que hace 20 años, lo que el informe identifica como una señal de presión tanto sobre el mercado laboral como sobre el sistema de pensiones.

Uno de cada cuatro perceptores de ayudas por desempleo cobra este subsidio

Dentro de esos subsidios para quienes agotan el paro ordinario, el destinado a mayores de 52 años concentra el 84,1% de los perceptores mayores de 50 años. Su peso sobre el conjunto de todas las prestaciones por desempleo se ha duplicado desde 2005: del 12,5% al 25,4%. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro perceptores de algún tipo de prestación por desempleo en España cobra hoy este subsidio.

La prestación existe desde 1984 como régimen especial para trabajadores de mayor edad, pero su diseño original —cubrir la brecha entre el despido y la jubilación— ha mutado con el paso de las reformas. El informe de Fedea describe la figura actual como “híbrida”, a medio camino entre una renta de sustitución y una prestación de carácter previsional: los años en que una persona cobra este subsidio cuentan para el cálculo de su futura pensión, lo que lo convierte en algo más que una simple ayuda temporal.

El péndulo normativo: 2012 recorta, 2019 amplía

Dos reformas han marcado la trayectoria de la prestación. La aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy endureció las condiciones de acceso: subió la edad mínima de 52 a 55 años, introdujo una prueba de rentas a nivel de la unidad familiar y redujo la base de cotización del 125% al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El efecto fue una caída del porcentaje de perceptores sobre desempleados mayores de 50 años, desde el 49,7% de promedio en el periodo 2005-2012 hasta el 30,4% en el periodo 2013-2018.

La reforma de 2019, aprobada mediante el Real Decreto-ley 8/2019 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, invirtió esa tendencia. Rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años, suavizó la prueba de rentas —que pasó a aplicarse de forma individual y no sobre la unidad familiar—, amplió la duración máxima del cobro hasta la edad ordinaria de jubilación y elevó de nuevo la base de cotización al 125% del SMI. El promedio de perceptores sobre desempleados en el periodo 2019-2025 volvió al 47,9%.

Casi 18.000 millones de coste adicional para la Seguridad Social

La pregunta que se hace el informe Fedea es: ¿cuánto le cuesta a España la reforma de 2019? Los investigadores calculan cuántos perceptores habría habido sin ese cambio normativo y cuántos hay con él. La diferencia es llamativa: sin la reforma, el número de beneficiarios del subsidio habría bajado de 262.918 en 2018 a 214.163 en 2030; con ella, la proyección apunta a 529.880 personas ese mismo año. La reforma habrá generado, en 12 años, 315.718 perceptores adicionales.

El mayor gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por el pago del subsidio oscila, según las proyecciones del informe, entre los 400,5 millones de euros en 2019 y los 1.818 millones de euros en 2030 —equivalente al 0,2% del PIB—, ambas cifras en euros constantes de 2025. Acumulado entre 2019 y 2030, ese sobrecoste asciende a 15.877 millones de euros.

A esa cifra se suma el impacto sobre la Seguridad Social, que el informe desglosa en dos vías: el mayor gasto futuro en pensiones —derivado de una base de cotización más alta y de un mayor número de años computados— y la pérdida de ingresos por cotizaciones que no se recaudan mientras esas personas no trabajan. El valor presente descontado de ambos efectos asciende a 17.935 millones de euros de 2025: 9.456 millones en mayores obligaciones de pensiones y 8.479 millones en cuotas sociales no cobradas.

El documento calcula también a qué velocidad se traslada ese aumento de perceptores al gasto público. Los resultados son rápidos: la mitad del efecto total de la reforma ya se había producido en 2022, apenas tres años después de su entrada en vigor. El 80% del impacto se habrá materializado en 2026, y el 90% antes de 2030. El grueso de la factura, concluye el informe, llega en esta década y no tiene vuelta atrás sin una reforma de calado equivalente.