El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha avalado la ley de amnistía al responder a dos de las cuestiones prejudiciales enviadas desde España. Una de ellas corresponde al Tribunal de Cuentas, que planteaba si el desvío de fondos públicos para organizar el procés afectó a los intereses económicos de la UE. La segunda duda, planteada por la Audiencia Nacional, hacía referencia a si los actos de los CDR (Comités de Defensa de la República) chocaban con la directiva de terrorismo europea.

Los jueces europeos han considerado este jueves que ni afectó a los intereses financieros ni va en contra de la normativa europea contra el terrorismo. El primer efecto será la aplicación de la amnistía a una treintena de acusados. Sin embargo, la principal duda que ha surgido es qué puede provocar sobre Carles Puigdemont. El líder de Junts permanece fugado con una orden de detención sobre él por malversación, junto a un delito menor de desobediencia.

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La decisión europea tiene su efecto sobre la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, que fueron los que le trasladaron sus dudas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, tras decidir que el delito de malversación no podía ser amnistiado, no lo planteó ante las autoridades de la UE, sino que dejó que lo determinase únicamente el Tribunal Constitucional. Los líderes separatistas (también Oriol Junqueras fue condenado por este delito aunque él sí pasó por la cárcel) se agarran a que la postura del TJUE puede influir en el Constitucional.

Posible efecto dominó en el Constitucional

El Tribunal Supremo argumentó que la malversación relacionada con los gastos del 1-O queda excluida de la amnistía, al considerar que supuso un beneficio personal para sus impulsores —al evitar los costes de una iniciativa ajena al interés general— y porque el referéndum comprometía la aportación de España a la Unión Europea. La decisión del TJUE solo responde al Tribunal de Cuentas. No obstante, sus argumentos pueden extenderse a las causas penales por malversación vinculadas al ‘procés’, desde las que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras hasta las de los ex altos cargos de ERC Josep Maria Jové y Josep Salvadó.

El Tribunal Constitucional no resolverá los recursos de amparo relacionados con Puigdemont hasta septiembre u octubre. No es casualidad. Los magistrados estaban a la espera de esta sentencia europea. Si hubiese decidido que el desvío sí que afectó a la UE, las posibilidades de amnistiar a Puigdemont habrían caído en picado. Al haber avalado la ley para este delito, crecen las opciones de que el Constitucional opte por permitir incluir la malversación.

Si el Constitucional determina que Puigdemont debe ser amnistiado, la decisión pasará al Tribunal Supremo, que deberá aplicarla mediante una resolución que archive el caso y deje sin efecto las órdenes de detención contra el expresidente catalán. De esta manera, a finales de 2026 conoceremos si el líder de Junts volverá a ser un personaje político presente físicamente en España, pues no ha dejado de estar activo aunque sea desde el exilio.