La sanidad gallega se niega a indemnizar a la familia de Antón tras tardar ocho meses en detectar su tumor cerebral: “Llegaron a insinuar que su sufrimiento era inventado”

Quienes conocían a Antón sabían que era “una persona muy especial”. El joven veinteañero combinaba su pasión por la música y la literatura con sus estudios universitarios en Educación Infantil, hasta que un tumor cerebral le paró los pies en agosto de 2024. El cáncer llevaba, por lo menos, dos años gestándose, pero el diagnóstico llegó ocho meses tarde y no permitió que Antón accediese a los tratamientos adecuados para mejorar la calidad de sus últimos años de vida.

“Me parece muy injusto lo que le ha pasado”, reclama Alicia, su madre, en una conversación con Infobae. Antón empezó a tener síntomas a principios de 2022 y acudió varias veces a su médico de cabecera y a los servicios de Urgencias del Sergas, la sanidad pública gallega, pero todos los especialistas le terminaron mandando a casa.

La Xunta de Galicia reconoce el retraso en el diagnóstico y reconoce que las cosas no se hicieron bien, pero se niega a indemnizar a la familia porque, dice, el resultado no habría cambiado: el cáncer de Antón era tan agresivo que carecía de cura. “Nosotros no reclamamos eso, sino la falta de oportunidad. Ya sabíamos cuál iba a ser el desenlace pero, ¿cómo hubiese sido la calidad de vida de Antón durante todo ese tiempo?“, se pregunta Alicia.

Un año de lucha por un diagnóstico

Los primeros síntomas de Antón comenzaron en marzo de 2022. Por aquel entonces, el joven residía en Vigo, junto con su novia, mientras cursaba sus estudios universitarios. Antón acudió a su médico de cabecera porque empezaba a notar que una parte del cuerpo se le dormía. “Lo único que le hicieron fue una radiografía, donde le dijeron que parecía tener un estrechamiento en las cervicales. Le aconsejaron que hiciera deporte y que fuera al fisio, y le dieron unos tratamientos que no funcionaron”, recuerda su madre.

Los síntomas no solo no mejoraban, sino que iban a peor: el joven sufría parestesias, alteraciones sensitivas y una pérdida progresiva de fuerza en el lado derecho del cuerpo. Pero por mucho que acudía a los servicios sanitarios, seguía sin respuesta. En verano, ya en su Pontevedra natal, comenzaron las visitas a Urgencias: “Empieza a hablar mal, no vocaliza bien y le hacen un TAC, donde no sale nada. A los 15 días, preocupados por cómo lo veíamos, volvemos a Urgencias, pero le mandan a casa”, explica Alicia. De esta última visita sacan una consulta con Neurología, agendada para marzo de 2023 (siete meses después), pero el Sergas la anula “por no cumplir criterios de derivación”.

No logran que Antón se quede ingresado hasta su tercera visita a Urgencias, en noviembre de 2022. Los médicos le hicieron entonces una resonancia magnética, que reveló al causante de todos sus síntomas: un tumor cerebral. “Nos dicen que parece un tumor de bajo grado, que es de evolución lenta y no hay urgencia para operar”, recuerda Alicia. La familia decidió acudir a un centro más especializado y pidió el traslado al Hospital de Bellvitge, en Barcelona.

Antón y su familia llegarán a la ciudad condal cuatro meses después, el mismo tiempo que habrían esperado de quedarse en Pontevedra, asegura su madre. Los resultados de la biopsia llegan como “un jarro de agua fría”: el tumor no era de bajo grado, sino un glioma difuso de alto grado, un tipo de cáncer muy agresivo y de rápido crecimiento.

“El fallecimiento no se podía haber evitado, pero sí el sufrimiento”

Al enterarse de la situación, Antón quiso reclamar, “pero en ese momento no se podía hacer nada, había que esperar al desenlace”, explica su madre. El final llegó el 3 de agosto de 2024, tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia fallido. “Se planteó pedir la eutanasia al final, pero el proceso tardaba y, en cuidados paliativos, le ofrecieron una sedación que él aceptó”, cuenta.

La familia reclamó ante la Xunta de Galicia meses después, en octubre de 2024. Tanto el informe pericial como el dictamen del Consello Consultivo de Galicia (órgano independiente no vinculante) consideraron que el retraso en el diagnóstico afectó a la calidad de vida de Antón y recomendaron, por ello, indemnizar a la familia. De hecho, el Consello Consultivo proponía el pago de 140.000 euros por daños morales.

La Xunta de Galicia, sin embargo, ha resuelto por otro lado. Reconocen que se dio un retraso en el diagnóstico, pero consideran que no deben indemnizar porque nada asegura que, de haberse tratado, el resultado hubiese sido diferente. “Parece que la vida de Antón vale menos porque estaba enfermo”, critica la abogada de la familia, Emma Perelló. “El fallecimiento no se podía haber evitado, porque es un tumor muy agresivo, pero sí todos esos meses de sufrimiento”, considera.

“Antón tenía un grupo de música y tocaba la guitarra. Cuando fue al médico por primera vez, todavía podía hacerlo, pero en noviembre ya era incapaz y ya no pudo tocar nunca más. A Antón le encantaba leer, pero fue perdiendo la memoria y ya le costaba hacerlo, porque no se acordaba de los capítulos anteriores. Reclamamos toda esa calidad de vida que él perdió debido a un diagnóstico tardío”, defiende su madre.

“Todo el tiempo que estuvo Antón yendo al médico continuamente, a urgencias, sintiéndose cada vez peor, que incluso llegaron a insinuar que puede ser inventado, no lo han tenido en cuenta. Su sufrimiento y el sufrimiento de la familia es también un daño que se podía haber evitado", valora la abogada.

La familia abrirá ahora la vía judicial contra el Sergas y la Xunta “por la dignidad de Antón”, dice Perelló. “A nosotros no nos importa la indemnización, queremos que se cumpla la ley y queremos darle voz a Antón y hacerlo en su memoria”, defiende Alicia. “No se debe atender así a las personas, tiene que haber un trato más humano. Era un chico joven y, por eso, no le hicieron caso”, concluye.