Un total de 15.450 personas han muerto en los primeros seis meses de 2026 a la espera de ayudas por dependencia: “Una cada 17 minutos”

Un total de 15.450 personas han fallecido en España durante los primeros seis meses de 2026 mientras esperaban acceder a la atención del sistema de dependencia, ya fuera porque todavía no habían sido valoradas o porque, pese a tener reconocido un grado de dependencia, seguían pendientes de recibir la prestación o servicio correspondiente.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado sobre el impacto de estas demoras y ha señalado que una media de 85 personas fallecen cada día a la espera de recibir ayudas de dependencia, una cifra que la organización resume como “una cada 17 minutos”.

Los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) reflejan que, entre enero y junio de este año, 7.916 personas murieron después de haber solicitado el reconocimiento de la dependencia sin llegar a completar el proceso de valoración. Otras 7.534 fallecieron tras haber sido reconocidas como dependientes, pero antes de poder acceder a la prestación o servicio que les correspondía.

Las ayudas a la dependencia forman parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado tras la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006. Su objetivo es garantizar apoyo a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, como asearse, alimentarse, desplazarse o mantener su autonomía.

Para acceder a estas prestaciones, los solicitantes deben iniciar un procedimiento administrativo en el que se evalúa su situación y se determina si existe dependencia y en qué grado: moderada, severa o gran dependencia. Una vez reconocido el derecho, pueden recibir servicios como ayuda a domicilio, atención residencial, centros de día o prestaciones económicas destinadas a cubrir parte de los cuidados.

Un sistema que sigue lejos de garantizar una atención a tiempo

Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales considera que el sistema continúa arrastrando retrasos y problemas estructurales que impiden que muchas personas reciban la ayuda cuando la necesitan.

Su presidente, José Manuel Ramírez, ha señalado que la dependencia sigue siendo “un derecho pendiente” y ha atribuido esta situación a factores como “los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad”, que, a su juicio, han convertido el modelo en un sistema “low cost” poco eficaz para atender a las personas dependientes.

La organización también ha cuestionado el criterio utilizado para contabilizar la lista de espera. Según la asociación, el Ministerio de Derechos Sociales solo incluye en esta categoría a las personas que llevan seis meses o más pendientes de recibir atención, mientras que sus propios cálculos elevan la cifra real de personas en espera hasta las 255.302.

Además, ha criticado que el departamento presente una mejora de los indicadores de gestión y atención mientras persisten problemas en la capacidad real de respuesta. En este sentido, ha denunciado que se mantienen servicios con una intensidad insuficiente: la ayuda a domicilio alcanza una media de 38 horas mensuales, las prestaciones económicas para cuidadoras familiares se sitúan en 262 euros al mes y las prestaciones vinculadas al servicio para plazas residenciales rondan los 567 euros mensuales.

La asociación confía en que el incremento presupuestario de 1.756 millones de euros previsto para 2026 permita reducir las listas de espera, aumentar las prestaciones económicas, reforzar los servicios y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector. No obstante, reclama al Gobierno mecanismos que garanticen que esa inversión se traduzca en una mejora directa para las personas dependientes y no permita que las administraciones autonómicas “hagan caja”.

Además, exige mayor transparencia al Ministerio de Derechos Sociales y reclama la publicación de datos sobre “la lista de espera de las revisiones”, “las solicitudes sin grabar”, las personas atendidas con “grado III+” y la financiación correspondiente al año 2025.

Elaborado con información de Europa Press